Los recientes enfrentamientos públicos entre el Contralor de la República, Rafael Germosén, y el presidente de la JCE, Roberto Rosario, retrotraen un debate interesante ya que de manera inexplicable hay instituciones y funcionarios que manejan fondos públicos y se resisten a ser fiscalizados. Entendiendo que hay reglamentos administrativos y otros argumentos que pudieran surgir para justificar una independencia en el manejo de fondos y la negativa a ser fiscalizados por la contraloría o cualquier otra institución es hasta cierto punto discutible, pero entendemos que el principal obstáculo que tenemos como nación es la falta de institucionalidad, la debilidad en los controles para el manejo de fondos públicos y la complicidad con el sector privado en muchas ocasiones. Hemos avanzado mucho en los gobiernos del PLD, pero jamás podemos sentirnos conformes, tenemos que saber que cada centavo del erario debe ser supervisado, debe ser resguardado con recelo y propiciar que se invierta de manera adecuada en vista del tamaño de la deuda social acumulada que aún tenemos. Jamás entenderé por qué la negativa a ser fiscalizados, cuando se supone que el manejo de esos fondos siempre ha sido transparente y adecuado. No tengo motivos para pensar que Roberto Rosario haya mal usado fondos, pero su negativa a ser supervisado no envía una buena señal. Entiendo que tanto la JCE como todas las instituciones del estado deben ser fiscalizadas y tenemos que seguir fortaleciendo los controles. Debemos apoyar al Contralor en su lucha por romper modelos anticuados de poder, es hora de que despertemos como ciudadanos y que aprovechemos la coyuntura de un presidente que nos ha dado pie de apoyo para iniciar una revolución social y cambio en nuestra forma de pensar, es ahora o nunca.
Hay que seguir fiscalizando
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