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Puerto Príncipe, 22 may (EFE).- El Gobierno de Haití expresó este jueves su «preocupación por los actos xenófobos» que considera que se cometen contra la comunidad haitiana en República Dominicana, en particular «los malos tratos infligidos a mujeres haitianas embarazadas y lactantes».
El Ministerio de Asuntos Exteriores haitiano informó en un comunicado de que ha dado instrucciones a su embajador en República Dominicana, Fritz Longchamps, para que despliegue miembros de la representación diplomática en Santo Domingo y personal consular en zonas «sensibles» en el vecino país, como Dajabón (noroeste) y Bávaro (este).
REPATRIACIONES «VOLUNTARIAS»
Se instruyó al diplomático a organizar caravanas de repatriación voluntaria de sus conciudadanos en condiciones dignas, pero también a demandar «sistemáticamente a las autoridades dominicanas el respeto de los derechos de los haitianos y exigir investigaciones sobre los principales casos de violación de los derechos de los haitianos».
El departamento de Exteriores afirmó que «acoge con beneplácito» toda acción solidaria en Haití o en el extranjero en favor de sus compatriotas, siempre en el marco de la ley y de las convenciones internacionales.
Reiteró «la disposición del Gobierno haitiano de privilegiar el diálogo», al tiempo que invitó a todos los sectores, organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos «a unir sus voces para que los derechos de sus compatriotas sean respetados donde quiera que estos se encuentren».
MASIVO PROGRAMA
República Dominicana dispuso en octubre pasado un masivo programa de deportaciones y ha fortalecido los controles limítrofes con una verja que construye en la frontera, la utilización de equipos de tecnología avanzada y el despliegue de miles de tropas.
Asimismo, ha endurecido las medidas en el plano interno con decisiones como deportar a los haitianos indocumentados que acudan a los hospitales y otros centros de salud públicos una vez hayan sido atendidos.
Estas acciones han sido criticadas por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y Amnistía Internacional.
El Gobierno dominicano sostiene que esa medida forma parte de varias disposiciones que ejecuta para salvaguardar la seguridad nacional ante la crisis que, en prácticamente todos los órdenes, afecta al vecino país.
