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SANTO DOMINO.- La fiscalía de la provincia Santo Domingo apelará la decisión del Tercer Juzgado de la Instrucción que varió la medida de coerción de prisión preventiva a garantía económica a seis militares y un policía miembros del Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, acusados de ingresar unas 220 armas de fuego de manera ilegal al país.
El Ministerio Público había obtenido en febrero de este año medida de coerción consistente en prisión preventiva de un año contra todos los implicados por los elementos presentados que comprometían la responsabilidad penal de los acusados.
Rechazó que tres meses después, en la revisión de la medida, el tribunal variara la medida de prisión a garantía económica desde RD$300 mil a RD$600 a favor de Bienvenido Cordero Batista, General de Brigada Paracaidista FARD, director General del Material Bélico del Ministerio de Defensa.
También la de Edwin Rafael Almonte Camacho, Primer Teniente del ERD, asistente del director General; Félix Francisco Pérez Artilles, Teniente Coronel, encargado del depósito de las armas del Material Bélico; Esteban Marrero Ruiz, Mayor, enlace entre la Intendencia del Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.
Así como a Francisco Mercedes Medrano, Capitán del ERD, Encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia del Material Bélico; José Miguel Torres Rodríguez, 1er Teniente PN, encargado de las Armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia del Material Bélico.
Y la de Pedro Manuel Guzmán Escarramán, Coronel del ERD, propietario de una Armería que supuestamente se encargada de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados.
La fiscalía dijo que continúa la investigación del caso y que le asignó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, artículos 2, 39 y 40 de la Ley 36 Sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas y artículos 2, 3, 5, 6 y 7 de la Ley 267-08 Sobre Terrorismo, en perjuicio del Estado Dominicano.
wj/am