Fiscales dominicanos mantienen paro en demanda de mejoras

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Palacio de Justicia de Ciudad Nueva

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Santo Domingo, 2 dic – La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) volvió a paralizar este lunes las actividades de éstos en los  palacios de justicia a nivel nacional, en demanda de mejoras laborales y salariales.

Lo hicieron entre las 8 de la mañana y las 4:40 de la tarde ante lo que definieron como «ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades superiores del Ministerio Público y la falta de voluntad para abordar»  legítimas demandas» de este sector.

También, debido al «el incumplimiento reiterado de la Ley 133-11, de la sentencia del Tribunal Administrativo y de las resoluciones emitidas por el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP)», indica la Fiscaldom en un comunicado.

Entre sus  demandas  están una revisión salarial e igualdad con el poder judicial, la realización de concursos para titularidades vencidas, ascensos para fiscalizadores y procuradores fiscales, la creación de un plan de pensiones y jubilaciones, la mejora de las condiciones laborales de los fiscales y programas de desarrollo profesional y personal.

PRIMER PARO FUE EL VIERNES ÚLTIMO

El viernes pasado, fiscales de distintas partes de República Dominicana ya llevaron a cabo un paro desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía.

La Fiscaldom asegura que, durante los paros, se continúan atendiendo los casos con plazos fatales y aquellos que no puedan ser suspendidos, para minimizar el impacto en la población.

PIDEN INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO

El colectivo considera que el problema actual «no puede resolverse sin la intervención  del Poder Ejecutivo, ya que es imperativo asignar un presupuesto suficiente y acorde con lo que establece la ley para garantizar el funcionamiento digno y eficiente del sistema judicial».

Alerta de que esa insuficiencia presupuestaria «no solo afecta las condiciones laborales de los fiscales, sino que también repercute negativamente en la calidad del servicio que recibe la ciudadanía», al impactar «directamente en la rapidez y eficacia de los procesos judiciales, vulnerando los derechos de las personas que buscan justicia».

sp-am

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