Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Victoria De la Espriella confirma giro a ultraderecha en la región
Argentina, Colombia, Francia e Inglaterra avanzan en Mundial
Juan Soto pega triple y los Mets de Nueva York cortan racha
Venezuela apura la búsqueda supervivientes entre escombros
R. Dom. envía a Venezuela un nuevo contingente rescatistas
Cientos disfrutan Mundial de Fútbol en el Malecón Deportivo
RD habilita vuelo para repatriar sus ciudadanos desde Venezuela
El papa agradece y anima a quienes ayudan en Venezuela
FP: Gobierno justifica con falsa narrativa el «paquetazo fiscal»
OPINION: ¿Quién gana cuando baja el petróleo?
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La suspendida fiscal Margarita Hernández Morales, acusada de validar mediante firmas los documentos que dejaron en libertad a los feminicidadas Johan Manuel Ramírez y Yasmil Oscar Fernández, quien se suicidó, amenazó este viernes con hacer revelaciones sobre las imputaciones que le hacen.
Manifestó que “A su debido tiempo voy a decir la verdad”. Deberá presentarse este lunes a las 9:00 de la mañana a la Oficina de Atención Permanente del Departamento de Justicia de San Pedro de Macorís, por disposición de este tribunal que aplazó la audiencia para dar tiempo a los abogados que la representan a que conozcan el expediente.
Como consecuencia de la validación del acuerdo en el que habría participado la suspendida fiscal, los agresores Ramírez y Fernández lograron su libertad para posteriormente asesinar a sus respectivas parejas Juana Domínguez Salas y Anibel González.
Aunque hubo tiempo considerable para las agresiones que la llevaron a la muerte, las historias de ambas víctimas guardan similitud en el sentido de que los dos victimarios cumplían condena por haber atentado contra sus parejas.
En el caso Yasmil Oscar Fernández, cumplía la de cinco años de prisión la cárcel de San Pedro de Macorís por agredir con un arma blanca a Anibel González, pero en el transcurso del proceso obtuvo su libertad tras la firma de dicho acuerdo.
La Procuraduría indicó que dicho acuerdo fue irregular y que no debió ser tramitado por la fiscal suspendida porque viola las normas institucionales ni ser aprobado mediante autorización judicial por el juez, por encontrarse fuera de derecho.
an/am