Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Leonel denuncia gobierno PRM aumenta alimentos hasta 100%
Moscú y Piongyang inauguran puente conecta a ambos países
Enviados de Trump destacan «progresos» en Moscú y Kiev
COLOMBIA: Siete guerrilleros y un militar muertos en combates
ONU exige investigar muertes inmigrantes bajo custodia ICE
BOLVIA: Presidente decreta luto por explosión mató 7 militares
NUEVA YORK: ICE arresta 2,197 inmigrantes, entre ellos de RD
Irán amenaza con atacar infraestructura petrolera EU
RD evalúa incorporar energía nuclear a su sistema eléctrico
Rechaza proyecto impondría enseñanza obligatoria de creole
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó demandas para revocar la ciudadanía a un dominicano y a otras 16 personas naturalizadas y acusadas de obtenerla de forma fraudulenta al ocultar antecedentes penales o mentir durante el proceso.
El dominicano es Federico Michel Fermín, de 54 años, quien supuestamente conspiró entre septiembre de 2004 y agosto de 2005 para distribuir más de $1.7 millones en medicamentos recetados al por mayor sin licencia. Como parte del esquema, alteró el empaquetado para simular que provenían de distribuidores autorizados antes de venderlos a farmacias.
Un jurado federal lo declaró culpable el 12 de mayo de 2011 por conspiración para distribuir medicamentos sin licencia y fue condenado a 48 meses de prisión.
El Departamento de Justicia sostiene que Fermín declaró bajo juramento en su proceso de naturalización que nunca había cometido delitos por los que no hubiera sido arrestado. Las autoridades afirman que esa declaración fue falsa y es la base para pedir la revocación de su nacionalidad.
El Departamento de Justicia recordó que, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la ciudadanía puede ser revocada si se demuestra que se obtuvo ilegalmente o mediante ocultación de hechos relevantes. Las acciones forman parte de una estrategia federal para revisar casos de naturalizados que ocultaron delitos graves.
