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SANO DOMINGO, República Dominicana.- La Marcha Verde presentó hoy un estudio técnico en el que, según afirma, se demuestra que durante los mandatos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina el Gobierno y el Congreso Nacional violaron o permitieron la violación de la Constitución.
En documento leído por el economista José Rijo Presbot, indica que también fue violado el resto del marco jurídico nacional para favorecer los contratos multimillonarios de la empresa Odebrecht en el país.
Detalla que la investigación, realizada desde el 2001 hasta 2016, confirma que el Gobierno ha violado sistemáticamente, con la anuencia del Congreso, la Constitución y las leyes de Presupuesto General del Estado y las de administración financiera para aprobar y ejecutar las obras de la multinacional brasileña.
“Desde el 2002 al 2016 el Poder Legislativo aprobó un total de 22 contratos de préstamos para las diferentes obras contratadas, ejecutadas o en ejecución, con un monto total de US$1,899 millones de dólares”, indica.
Ello, según sostiene, representa el 7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016 y equivalente al 2.7% del PIB, sin incluir los financiamientos utilizados en determinados años sin la debida aprobación congresual, ni los aprobados para la Planta de Punta Catalina.
“Al incluir el financiamiento aprobado para Punta Catalina la deuda contraída con intervención de Odebrecht se eleva a US$3,132 millones de dólares, equivalente al 4.4% del PIB y una participación del 11.7% del total de la deuda del sector público no financiero al 31 de diciembre de 2016”, asegura el documento de Marcha Verde.
El movimiento que sostiene una lucha contra la impunidad en el país sostiene que la forma como los gobiernos de Mejía, Fernández y Medina han ejecutado las obras contratadas con Odebrecht y sus asociados dominicanos es “una muestra clara de la política del lodazal y el afán de la delincuencia en la política para enriquecerse y dirigir el Estado a favor de unos pocos”.