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MADRID.- Las autoridades españolas han descubierto a través de la «Operación Delorme», conocida también como «el caso Koldo», una trama política y empresarial que aprovechó la compra de mascarillas durante la pandemia para llevarse altas comisiones.
Según la investigación, uno de los principales implicados por el momento sería Koldo García, un exasesor del exministro socialista de Transportes, José Luis Ábalos (2018-2021), quien envió considerables sumas de dinero en efectivo desde República Dominicana y Miami (EE.UU.), según un informe fechado el 22 de febrero de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
De acuerdo con el periódico El Español, la responsable de trasladar a Madrid fajos de dólares y distribuir miles de euros en efectivo en República Dominicana fue Aránzazu Granell Barbadillo, empleada de la clínica y los laboratorios Pronalab, en Santo Domingo.
La figura detrás de Pronalab es Jorge Brizuela Guevara, empresario, exmilitar y agente secreto de Venezuela. Además, tiene vínculos con la mafia rumana de Quintana Roo (México), según archivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Secretaría de Defensa Nacional de México.
Brizuela Guevara, conocido como El Venezolano, obtuvo contratos millonarios a través de Pronalab en el estado de Quintana Roo. Su clínica, asociada al «caso Koldo», fue beneficiada con al menos un contrato valorado en 30 millones de euros, destinado a la instalación de carpas para el tratamiento de pacientes afectados por el COVID-19.
Sobre el caso Koldo
El caso Koldo» salpica, casi de lleno, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que gobierna en España. Según medios españoles como The Objective, La Razón, ABC y El Independiente, un entramado dentro del PSOE, y aprovechó la compra de mascarillas para llevarse altas comisiones.
Como explica el periódico español La Vanguardia, la Guardia Civil está siguiendo el rastro de contratos millonarios de empresas públicas, como Puertos del Estado y ADIF; el Servicio Canario de la Salud, el Servicio de Salud de las Islas Baleares; y la Secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.
Un total de 13 expedientes valorados en casi 54 millones de euros.
El medio de comunicación español El Independiente indica que «los investigadores tratan de averiguar hasta qué punto los administradores de la empresa se valieron de sus vínculos con Koldo García para hacerse con los millonarios contratos y lucrarse de manera ilegal.
A esto se le suma la colaboración de los entonces presidente de la región canaria y la anterior presidenta de las Islas Baleares, que hoy son, respectivamente, ministro del gobierno español y presidenta del Congreso.
