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ESPAÑA.- La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará el próximo martes 15 de marzo a un hombre que supuestamente elaboraba y vendía droga en un piso de Alcázar de San Juan, para el que el fiscal solicita una pena de cuatro años y seis meses de prisión.
Según indica el ministerio público en el escrito de acusación, el procesado es un hombre de origen dominicano que está en situación irregular en España y tiene el apodo de ‘Nápoles’, que se dedicaba a elaborar cocaína en el piso y a venderla también a terceros en esta vivienda, al menos durante los meses de julio y agosto de 2021.
De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, el 3 de agosto de 2021 fue interceptado por agentes de la Policía Nacional cuando salía del piso con un objeto de gran tamaño metido en una bolsa de plástico, en la que se halló un recipiente redondo de plástico con tapa conteniendo en su interior una báscula digital pequeña y otros útiles.
Los policías encontraron también en la bolsa un bote que tenía 72,08 gramos de cocaína con una riqueza media expresada en cocaína base del 9,72 %, que hubiera tenido un precio de venta en el mercado ilícito de 899,95 euros.
Tras este hallazgo se llevaron a cabo registros en dos viviendas del procesado, en una de las cuales se hallaron recipientes de plástico en los que había distintas cantidades de sustancia estupefaciente, así como efectos destinados a la elaboración y venta a terceros de cocaína dentro de una mochila.
Y en la otra casa también fueron encontradas distintas cantidades de droga, así como diversos efectos destinados a la elaboración y posterior venta de ésta, según el fiscal, que considera que el procesado es autor de un delito contra la salud pública, por el que pide que sea condenado a cuatro años y seis meses de prisión.
Asimismo, señala que de acuerdo lo previsto en el Código Penal procede la sustitución de la pena impuesta al acusado por su expulsión del territorio nacional una vez que se haya cumplido en España dos tercios de su condena, prohibiéndole la entrada durante un plazo de siete años a contar desde la fecha de su expulsión.