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SANTO DOMINGO.- Los empleados del Estado dominicano deberán demostrar ante las instituciones para las que laboran que pagan todos los servicios públicos, especialmente de energía eléctrica y agua potable.
Así lo dispuso este jueves el Ministerio de Administración Pública (MAP) mediante la circular 018031, en la que instruye a todos los entes y órganos del Estado, a través de sus direcciones de Recursos Humanos, a realizar una recopilación de datos sobre el cumplimiento de dichos pagos.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, puntualizó que el objetivo principal de esta medida es «conocer el perfil de consumo, promover el pago de los servicios públicos, en virtud de la necesidad de la existencia de orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta ciudadana y levantar información para diversas planificaciones y proyectos».
“Es fundamental que, como servidores públicos cumplamos con nuestro deber constitucional de respetar las normativas vigentes, y mostremos nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras obligaciones, no solo para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, sino también para fomentar una cultura de responsabilidad y civismo entre los ciudadanos y servidores, promovidas por principios que rigen la conducta de los servidores públicos establecidos en la ley 41-08.”, agregó.
Alegó que el cumplimiento en el pago de los servicios no solo asegura su continuidad, sino que también refleja la ética y compromiso con el bienestar colectivo.
“Es parte de nuestro compromiso como gobierno ser ejemplo en el cumplimiento de nuestros deberes”, dijo
PLAZO DE 15 DIAS
La circular señala que las direcciones de Recursos Humanos deberán confirmar en un plazo de 15 días laborables si el servidor público posee contrato de energía eléctrica y agua. En caso de que no tenga alguno de los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de cuál familiar está y si cumple con sus obligaciones de pago.
Dice que “es importante que cada empleado presente las facturas correspondientes, ya que esto permitirá llevar un registro más preciso y facilitará la gestión administrativa”.
El documento está dirigido a ministros, al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el Contralor General de la República, directores generales, nacionales y ejecutivos, administradores generales y nacionales de órganos y entes del Poder Ejecutivo.