El arroz nuestro de cada día    

La ley 391-69, que protege al cultivo de arroz, cumplió el viernes 57 años, justo un mes después de la derogación del decreto 693-24 que imponía un arancel del 99% a las importaciones del cereal procedentes de Estados Unidos a partir de las 23 mil toneladas métricas autorizadas a ingresar al mercado dominicano con tasa cero.

Ese estatuto, promulgado el 9 de octubre de 1969, declaró de utilidad pública y de interés social la conservación y aprovechamiento racional de las tierras arroceras, además de prohibir el desplazamiento de las zonas de cultivo para uso de proyectos urbanísticos, además de garantizar en su provecho recursos hídricos.

La Reforma Agraria, iniciada en 1962, con la creación del Instituto Agrario Dominicano (IAD) y consolidada con leyes votadas durante el primer gobierno de Joaquín Balaguer, ayudó expandir el cultivo del cereal, a través de pequeños parceleros que en conjunto aportan unos diez millones, de los 14.7 millones de quintales anuales de producción total.

La industria arrocera genera unos 300 mil empleos directos e indirectos, incluidos 30 mil productores, la mayoría con parcelas de 50 tareas que no han logrado afianzar una cultura asociativa y cuyos predios no han sido nivelados con uso de rayo láser para aprovechar mejor recursos hídricos e insumos.

Se admite que el decreto presidencial de salvaguarda al cultivo nacional de arroz quedó huérfano de sustento jurídico al cumplirse los 25 años de protección arancelaria que, en virtud del Tratado de Libre Comercio DR-Cafta, impedía el ingreso masivo del cereal estadounidense más allá de la cuota de 23 mil toneladas métricas anuales.

Para Estados Unidos, el valor y volumen de las exportaciones de arroz a República Dominicana debe ser insignificante, aunque para la economía y gobernanza de nuestro país es asunto de vida o muerte, porque esa industria impacta sobre 500 mil dominicanos y representa el alimento esencial e imprescindible en la mesa dominicana.

Las rodillas del gobierno deberían estar prestas a chocar el suelo en un eventual diálogo con Washington sobre la situación del cultivo de arroz en el marco del DR-Cafta, porque a los comisionados dominicanos tendrían escaso margen de negociación en el ámbito estrictamente legal, aunque lo que se colocaría sobre la mesa es el destino de la estabilidad económica y de la gobernanza social.

No hay forma de competir con la producción arrocera de Estados Unidos en términos de costos y productividad, menos aún de sustituir ese cultivo, que abarca 1.5 millones de tareas, por lo que el coloso del norte tiene la oportunidad de demostrar en los hechos su proclamada amistad con la Patria de Duarte.

jpm-am