WASHINGTON.- El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, a quien señalan por participar en crimen organizado transnacional.
El comunicado que da cuenta de la decisión, también indica que Moreno y su esposa, Débora Menicucci, fueron públicamente designados bajo la Ley de Asignaciones de Programas del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Afines, los que los hace “inelegibles” para ingresar a EE.UU.
“Estamos enviando un mensaje claro: Estados Unidos está firmemente en contra de la corrupción”, indicó el secretario de Estado Mike Pompeo, en su cuenta de Twitter.
El Departamento de Estado explica en el comunicado, que Moreno es acusado de recibir personalmente “sobornos de dinero o propiedad” para influir en casos civiles y penales, además de acciones judiciales.
Recuerdan que Moreno fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro en 2017.
En marzo de este año, la fiscalía del distrito sur de Florida, presentó oficialmente cargos por supuesta conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero en relación con la corrupción.
En conversación previa con la Voz de América, Ariana Fajardo, fiscal del distrito sur de Florida, relató que: “En la aplicación de visa que él (Moreno) presentó para entrar a EE.UU., presentó que por su trabajo como juez en Venezuela él gana 12.000 dólares al año. Cuando nosotros empezamos a investigar la situación aquí, él tenía depósitos en su cuenta aquí de 3.000.000. de dólares (…) y esa es una cuenta”.
Estados Unidos también ofreció este año una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, luego de presentar cargos criminales en su contra.
El gobierno estadounidense también ha ofrecido recompensas por información sobre otros funcionarios del gobierno de Maduro como es caso del presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; el ministro de petróleo, Tareck El Aissami; y más recientemente el superintendente de criptoactivos y actividades conexas (SUNACRIP) de Venezuela, Joselit Ramírez.
Ni Moreno, ni el TSJ ni ninguna instancia del gobierno o funcionario se han pronunciado sobre la medida. Sin embargo, en ocaciones anteriores, ya han rechazado este tipo de sanciones.
of-am

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