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WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) avisó que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrenta a una «prueba de fuego» ante el regreso del líder opositor Juan Guaidó, quien ha sido reconocido como jefe de Estado por más de medio centenar de países.
«Sin duda hay preocupación, yo creo que va a ser una prueba de fuego porque el Gobierno ha anunciado que podría o habrían promovido acciones judiciales contra Guaidó», dijo a Efe el comisionado Francisco José Eguiguren, relator de Venezuela en el organismo interamericano.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela le prohibió salir del país a Guaidó, quien se trasladó a Colombia el 22 de febrero y tiene previsto regresar esta semana.
En opinión de Eguiguren, la detención de Guaidó supondría «un paso siguiente en la represión política» y pondría en evidencia que el Estado está usando su poder punitivo para perseguir judicialmente a disidentes políticos, una preocupación que ha expresado anteriormente el organismo.
No obstante, el diplomático consideró que todo dependerá de si las amenazas se concretan o se quedan en una «declaración política».
Eguiguren afirmó que el arresto de Guaidó sería la «opción políticamente más grave» para Maduro, pero advirtió de que el Estado venezolano también estaría violando los derechos del líder opositor si no le deja regresar a su nación.
«Se supone que todo nacional tiene el derecho de ingresar a su país cuando lo desee sin necesidad de ningún tipo de autorización. O sea, sería un acto manifiestamente arbitrario, violatorio de su derecho a la libertad de circulación, de tránsito y de residencia», argumentó.
La CIDH, órgano dedicado a velar por los derechos humanos en el continente americano, pidió el 25 de enero al Estado venezolano que proteja la vida de Guaidó y su familia y le concedió medidas cautelares, un instrumento que sirve para proteger a sus solicitantes ante el riesgo de que sufran un daño irreparable.
Al otorgarle esa protección, la CIDH afirmó que «los derechos a la vida e integridad» de Guaidó «se encuentran en una situación de riesgo» que podría verse «exacerbada» por «la agudización de la crisis política en el Estado de Venezuela».
Más allá de la preocupación por Guaidó, la Comisión está siguiendo de cerca la protección a los derechos de los venezolanos fuera y dentro de su país, por ejemplo el acceso de la salud y la alimentación, así como la posibilidad de ejercer la libertad de expresión y de protesta.
«A mí -expresó Eguiguren- lo que más me preocupa es que el pueblo venezolano siga siendo la gran víctima y el testigo de esto que sucede más allá del ajedrez internacional de los países, de sus intereses políticos y económicos que hay mucho de eso también».
El comisionado diferenció entre dos realidades en torno a Venezuela: por un lado, «el gran debate político e ideológico del cual la gente no vive»; y, por otro lado, la carestía que sufre la sociedad con falta de alimentos, de medicamentos y una inflación galopante.
Según datos publicados la semana pasada por la ONU, actualmente, hay 3,4 millones de venezolanos refugiados y migrantes en el mundo, de los que 2,7 millones se encuentran en Latinoamérica.
Para Eguiguren, la solución pasa por «un proceso de negociación política» y nunca por «medio de la fuerza».
«Obviamente un Estado u otros Estados no pueden promover golpes de Estado ni pueden incentivar o participar en la violencia para lograr un cambio político en un país», subrayó Eguiguren.
Diez de los países del Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú) reiteraron esta semana su rechazo a una intervención militar en Venezuela, una opción que no ha descartado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien mantiene que «todas las opciones están encima de la mesa».
Venezuela vive una situación de inestabilidad política desde el 10 de enero, cuando Maduro volvió a tomar posesión del cargo de presidente tras imponerse en las elecciones de mayo pasado, no reconocidas por parte de la comunidad internacional y por la oposición.
El 23 de enero Guaidó invocó varios artículos de la Constitución venezolana para defender que, como jefe del Parlamento, podía declararse presidente interino del país al considerar «ilegítima» la toma de posesión de Maduro.
of-am