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Dos casos indignantes
Dos acontecimientos noticiosos recientes ponen de manifiesto de manera clara que algo no anda bien en la psiquis de los dominicanos y dominicanas. La sociedad está alarmada con ellos, parecería quepor su impacto los mismos anuncian el preludio del colapso de la civilización occidental.
El primer caso, es el referente al acto bochornoso escenificado por un grupo de ciudadanos y ciudadanas, que en nombre de la democracia, arrojaron sobre el edificio que aloja el sagrado recinto de la Suprema Corte de Justicia y la Bandera Nacional materia fecal.
El segundo caso, es el que tiene que ver con el asesinato del Coronel de la Policía Nacional, Daniel Ramos Álvarez, durante una supuesta inspección de inteligencia en un punto de drogas en el sector Santa Cruz, en Bani, donde sus acompañantes, también oficiales, lo dejaron sólo y huyeron del referido lugar.
Ambos casos, sin dudas, constituyen una provocación, un desafío frontal a las autoridades, que de no ponerle atención debida podrían estimular entre otros actores y sectores acciones iguales o similares.
Y que no me vengan con la vagamundería de que lo ocurrido en la Suprema Corte de Justicia hay que aceptarlo como bueno válido porque se inscribe como un acto más de un país que vive en pleno desarrollo de sus libertades. Eso no es hacer uso de la libertad, eso se llama libertinaje. Más nada.
Lo ocurrido ahí, al margen de lo que haya decido la justicia con los actores hecho, debe llenar de indignación, vergüenza y preocupación a todos aquellos dominicanos que sueñan un mundo mejor y decente para todos y todas.
De igual manera, la trama aparente y confusa de que muchos dicen fue objeto el oficial de la Policía Nacional que fue asesinado por un habitante que apodan “Buche”, viene a revelar de manera clara y contundente el nivel de maridaje que existe entre las autoridades encargadas de perseguir tráfico de estupefacientes y quienes la comercializan .
Quiero un mundo y una sociedad dominicana en donde se valorice y respete la dignidad humana, las leyes y a las instituciones, porque pienso que es una de las maneras de garantizar el progreso social y la convivencia pacífica y civilizada entre gobernantes y gobernados en la República Dominicana. Así no podemos seguir en pleno siglo XXI.