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Dominicanos por Derecho: “JCE busca distraer a la opinión pública”
SANTO DOMINGO, 9 de octubre.- La Plataforma Dominican@s por Derecho (DXD) rechazó categóricamente las recientes acciones de la Junta Central Electoral (JCE), instancia que mantiene una “actitud desafiante a los mandatos del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional”, al establecer procedimientos distintos a los que contempla la ley 169-14, como es el caso de los interrogatorios y solicitud de pruebas a dominicanos ya inscritos en el Registro Civil.
Para el colectivo la obstrucción “burda y deliberada de la ley” no tiene otro objetivo que utilizar un tema sensible y de gran interés nacional para distraer a la opinión pública que cuestiona el accionar de la JCE en otros ámbitos como la transparencia en la administración de sus fondos, además de constituirse en sí mismo en un despilfarro de recursos públicos”.
En un encuentro con los medios celebrado hoy en el Restaurant Vizcaya de esta capital, DXD solicitó la intervención del Presidente Danilo Medina, así como de diputados y senadores, para que se someta a la JCE al estricto apego del Estado de Derecho, destacando que las faltas graves en las que incurre su incumbente, Roberto Rosario Márquez, lo hacen susceptible de un de juicio político.
“El ejercicio de los derechos fundamentales sólo puede ser regulado por la ley según lo establece el artículo 74 de la Constitución. De manera que al limitar, restringir y/o suspender por vías de hecho los derechos reconocidos en el Código Civil y restituidos en la Ley 169-14, la JCE incurre de igual forma en franca violación a la Constitución de la República” dijo el abogado Manuel Dandré, uno de los voceros de la Plataforma.
Así mismo, Dominicanos por Derecho cuestionó que un organismo pueda de manera arbitraria privar de su derecho fundamental a elegir y ser elegidos a ciudadanos que ya han votado, son miembros o dirigentes de partidos políticos e incluso podrían ostentar actualmente cargos de elección popular, lo que resultaría “rotundamente inaceptable” en cualquier país que se reconozca a sí mismo como un Estado Social y Democrático de Derecho.
El pasado 23 de septiembre, la JCE convocó a 13,305 personas a entrevistas con inspectores bajo el alegato de agilizar los trabajos de auditorías, en la que se gestiona información o documentos para “completar expedientes” , en contradicción con la ley 169-14 que ordena devolver el acceso a sus actas de nacimiento y cédulas a los beneficiarios previamente inscritos en el Registro Civil, sin ningún trámite adicional a su cargo.
En los interrogatorios, a los que no se permite la asistencia de defensores legales, explicó el técnico legal José Horacio Rodríguez, los inspectores de la JCE deciden sobre la nulidad de las actas de nacimiento y el envió inmediato al libro de extranjería sin que antes medie un proceso judicial como manda la ley, infringiendo además las normas del Código Civil que disponen las actas se tengas “por fehacientes, mientas no sea declarada su falsedad”.
“En un verdadero Estado de Derecho, no es posible que funcionarios públicos se adjudiquen la facultad de inventarse y aplicar sus propias normas y procedimientos administrativos al margen de las leyes legítimamente emanadas por el Poder Legislativo en representación del pueblo, concluye la Plataforma de organizaciones de la sociedad civil que trabaja con dominicanos afectados por la sentencia 168-13..