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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Un tribunal dispuso prisión preventiva y medidas de coerción contra cuatro de los once policías imputados de abatir a cinco hombres el pasado 10 de septiembre en una plaza comercial del sector La Barranquita, de aquí.
El raso José Octavio Jiménez Peña, sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, sargento Hairo Mateo Morillo y cabo Yohandy Encarnación fueron enviados al Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo, en Santo Domingo Oeste.
El tribunal, además, impuso una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida y presentación periódica a los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, así como al capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda.
También autorizó una orden de protección en favor de otras víctimas y testigos del proceso.
LAS VICTIMAS
Los policías son procesados por la muerte de Elvis Antonio Martínez Rodríguez (Deivito), de 26 años; Julio Alberto Gómez (la Tabla), de 28; Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly), de 40; Edward Bernardo Peña Rodríguez, de 35, y José Vladimir Valerio Estévez, de 25.
El Ministerio Público señaló en el proceso que «luego de cometer el hecho, los imputados desarrollaron una serie de acciones con el objetivo de ocultar evidencias y entorpecer la investigación posterior».
En la solicitud de medidas de coerción se estableció que los agentes policiales llegaron a la plaza en tres vehículos (dos carros: un Mazda y un Honda Civic) y un KIA, modelo K5, del año 2013.
«Los imputados pusieron en marcha los vehículos y se ubicaron frente a la entrada de la plaza y rápidamente salieron de los referidos vehículos y sin mediar palabras dispararon contra las víctimas en presencia de una persona testigo que pudo grabar lo sucedido y a quien los imputados le quitaron su teléfono móvil», añadió la Fiscalía.
DESTRUYERON EVIDENCIAS, SEGUN FISCALIA
Además, los agentes sustrajeron las grabadoras de vídeo digital (DVR) de los negocios del lugar donde ocurrieron los hechos, así como varios teléfonos de personas presentes allí «con el interés de destruir evidencias del proceso, así como para entorpecer y obstruir la investigación», indicó en su solicitud el Ministerio Público.
El caso obtuvo la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario.
La audiencia, en la que la jueza Yerixa Cabral de la Cruz impuso las medidas de coerción, duró más de seis horas con dos recesos de aproximadamente media hora cada uno.
