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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio y con carácter cautelar el Registro de Proveedores del Estado (RPE) de cuatro empresas, tras detectar posibles vínculos societarios, comerciales y familiares con personas y sociedades investigadas por el Ministerio Público por presuntos delitos contra la Administración pública.
La medida está contenida en el acto administrativo DGCP44-2026-003760, emitido el 14 de septiembre, y afecta a Grupo Zomo, SRL; Southwest Corporation Dominicana, SRL; Marenas, SRL; y Procesadora de Granos de Santo Domingo CK 1000, SRL.
CRUCE DE INFORMACIÓN
Según informó la DGCP, los procesos de verificación, interoperabilidad y cruce de datos permitieron identificar coincidencias y conexiones entre las cuatro entidades y proveedores cuyos registros ya habían sido suspendidos en el marco de investigaciones relacionadas con presuntos delitos en procesos de contratación pública.
El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, explicó que la decisión fue adoptada al amparo de las facultades establecidas en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas y su reglamento de aplicación, el Decreto 52-26.
La institución indicó que el objetivo de la medida es preservar los recursos públicos y la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), ante el riesgo que, según su evaluación, supone la utilización de sociedades relacionadas para mantener indirectamente la participación económica de personas o estructuras previamente suspendidas.
MEDIDA PREVENTIVA
La DGCP precisó que la suspensión tiene carácter preventivo, provisional y no sancionador, por lo que no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal o administrativa de las empresas afectadas ni de sus ejecutivos.
El acto administrativo señala que la medida busca evitar una eventual elusión de disposiciones cautelares adoptadas previamente y establece que la actuación responde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
La institución recordó que la determinación de responsabilidades penales o administrativas corresponde al Ministerio Público y a los tribunales competentes.
of-am