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SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega presentaron acusación formal contra miembros de una red criminal de testaferros y prestanombres liderada por Miguel Arturo López Florencio y su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López.
La acusación fue presentada contra Manuel Antonio Inoa Valdez, María Altagracia Cepeda Suárez y la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, informó este jueves la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
Los acusados son cuñados de Rosa Amalia Pilarte López, legisladora que enfrenta un proceso penal ante la Suprema Corte de Justicia por lavado de activos provenientes del narcotráfico, fingieron ser los socios de la empresa Inversiones Inmobiliaria Cutupú SRL, la cual es tenedora de 20 inmuebles, entre los que se encuentra la mansión actual donde residen Miguel Arturo López Florencio y su familia.
La acusación presentada ayer miércoles ante el Tribunal de Instrucción del Distrito Judicial de La Vega revela que los acusados no pueden justificar los bienes inmuebles adquiridos, los cuales están valorados en 183,386,000 pesos, señala la nota, donde se indica que Inoa Valdez y Cepeda Suárez tiene como oficio chófer y ama de casa, respectivamente.
La información financiera desveló movimientos exorbitantes de dinero de la empresa de fachada Inversiones Inmobiliaria Cutupú, SRL, ya que de 2015 a 2019 tuvo entradas de dinero ascendentes a 250,712,602.65 pesos, para un total de434,098,604.65 pesos.
El Ministerio Público identificó las conductas de los acusados en la violación a varias disposiciones de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como la Ley que crea el Código Monetario y Financiero y la Ley del Código Tributario de la República Dominicana.
Asimismo, estableció que se realizó una investigación apegada a la norma, que la acusación presenta pruebas contundentes, tipo documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, materiales y audiovisuales, que vinculan estrechamente a los acusados con los hechos acaecidos.
Todos los inmuebles identificados en la investigación se encuentran incautados y son solicitados en decomiso, para un eventual juicio.