POR EMELYN HERASME
La transparencia y la participación ciudadana son valores cada vez más demandados en el conjunto social. La República Dominicana sigue rezagada en la adopción de compromisos internacionales que garantizan estos principios. Uno de los ejemplos más notables es el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca fortalecer la democracia ambiental en América Latina y el Caribe, promoviendo el acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Este acuerdo, que ya ha sido ratificado por numerosos países de la región, es una herramienta potencial para enfrentar los desafíos ambientales que afectan a nuestras comunidades. En un país como el nuestro, donde los conflictos ambientales son cada vez más comunes y donde las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas, la implementación del Acuerdo de Escazú no debería ser una opción, sino una obligación moral y política.
Sin embargo, la República Dominicana aún no ha dado el paso decisivo hacia la ratificación de este acuerdo. Aunque nuestro país fue uno de los firmantes originales en 2018, el proceso de ratificación se ha estancado, dejando a nuestra ciudadanía desprotegida y sin las garantías que este tratado ofrece.
Cabe preguntarse: ¿Qué espera el Gobierno para cumplir con este compromiso internacional? ¿Por qué la demora en ratificar un acuerdo que solo puede traer beneficios en términos de derechos humanos y protección ambiental?
Inacción
La inacción del Gobierno dominicano en este asunto es preocupante. A pesar del negacionismo, el cambio climático es una de nuestra mayor preocupación como isla por ser extremadamente vulnerable a sus efectos, por tanto, las decisiones que se tomen (o no se tomen) tendrán un impacto duradero en el bienestar de las futuras generaciones.
La falta de voluntad política para avanzar en la ratificación del Acuerdo de Escazú no solo refleja una falta de compromiso con el medio ambiente, sino también una falta de respeto hacia la ciudadanía que exige mayor transparencia y participación en las decisiones que afectan su entorno.
Es hora de que las autoridades asuman su responsabilidad y ratifiquen el Acuerdo de Escazú. No podemos seguir postergando la adopción de medidas que son fundamentales para la protección de nuestros recursos naturales y para garantizar que los derechos de las comunidades más vulnerables sean respetados.
El Gobierno tiene la obligación de responder a la pregunta que muchos dominicanos y dominicanas nos hacemos hoy: ¿cuándo ratificará la República Dominicana el Acuerdo de Escazú?
La respuesta a esta pregunta no puede esperar más.
En fin, estamos hablando de justicia social.
jpm-am

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