Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Festival cultural japonés en La Vigía, Dajabón
CONFEPASO reconoce a José Espinal por aporte a equitación
Claudia Sheinbaum y Keiko Fujimori: mandatarias con similitudes
Alejandro Fernández renuncia a la Superintendencia de Bancos
Hasta el 70 % de la isla de Cuba ha quedado sin servicio eléctrico
Elevadas temperaturas disparan el consumo eléctrico en la RD
Gobierno anuncia inversión de mil millones en hospital Gautier
Empresarios de SDN aseguran apagones afectan economía RD
PN persigue activamente a un hombre baleó mujer en plaza
Abinader inaugura planta de tratamiento aguas residuales
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó este viernes la prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a los demás imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral.
Según solicitó el Ministerio Público (MP) encabezado por los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el juez Raymundo Mejía confirmó las medidas de coerción a los encartados en virtud de que no han variado los presupuestos que motivaron su imposición.
Continuarán en prisión Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán -hijo de Guzmán Sánchez-, el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Esos acusados están encarcelados desde mayo de 2021 en el penal de Najayo, San Cristóbal, tras un tribunal imponerles 18 meses de prisión, mientras que está bajo arresto domiciliario el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, por colaborar con el MP.
Son procesados por los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Dirección General de Persecución del MP y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigidas por Reynoso y Camacho, llevan a cabo las investigaciones junto a un equipo de fiscales.
El entramado criminal desmantelado con la Operación Coral desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente con el abultamiento de la nómina, dice la acusación del MP.
Señala que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir inmuebles en diferentes lugares del país y vehículos de lujo, valorados en millones de pesos.
