Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Migración detuvo 3,730 ilegales y deportó 3,492 en fin semana
El COE eleva a 20 provincias en alerta por lluvias onda tropical
Ataque aéreo masivo ruso deja al menos 12 muertos en Kiev
R. Dom. envía 50 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia
Designan a Víctor Livio Cedeño como superintendente Bancos
PLD pide una auditoría sanitaria sobre «bacterias en hospitales»
Entérate NY (OPINION)
El petróleo saliendo del golfo entre sombras y oscuridad
Acroarte reconocerá Maridalia Hernández con Premio al Mérito
Reforzarán medidas reducir mortalidad materna y neonatal
SANTO DOMINGO..- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) reclamó la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
En una singular protesta, miembros del CARD depositaron un recurso un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, denunció que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, lo que dificulta su operatividad.
Agregó que más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales no han podido ser puestos en funcionamiento y gran parte de los actuales laboran en condiciones deplorables.
“Lo mismo acontece con el Ministerio Público, cuyos titulares reciben salarios pírricos y carecen de condiciones para perseguir el crimen. La ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó.
Indicó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años».
of-am
