Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
R. Dominicana afrontará otras dos semanas de calor extremo
RD avanza hacia mayor dependencia alimentaria externa (OPINION)
Zonas francas ofrecen gran oportunidad a RD, según WFZO
CHILE: Matan dominicano a balazos dentro de su domicilio
Abinader encabeza jornada de inauguraciones en Montecristi
¿Está en quiebra la economía de RD? (OPINION)
Llega vuelo humanitario con 50 dominicanos y 12 venezolanos
CHILE: Arrestan dominicano por asesinato pareja a puñaladas
El liderazgo político de RD y los valores democráticos
ETED instala subestación móvil Boca Chica, fortalecerá la red
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que existe complicidad de las autoridades civiles, militares y el empresariado en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, indicó que esa “complicidad” se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
“Con todo esto solo se busca favorecer a empresarios que emplean hasta el 80% de mano de obra indocumentada”, afirmó.
El jurista mencionó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423, 424, 433 y 434 del Código de Trabajo, así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121 de la Ley 285-04, de Migración, prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.
Surun Hernández citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, «bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios», lo cual podría generar que los países sean sancionados.
“Hemos emplazado legalmente al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Migración para que sometan a los empleadores, empresas de los sectores de la construcción, agrícola, turístico, zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias finales del crimen del tráfico ilícito de personas, disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestros país, bajo la advertencia de que se procederá a su formal sometimiento a la Justicia en amparo de cumplimiento contemplado en la Ley 137-11”, dijo el gremialista.
an/am