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SANTO DOMINGO. – La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) llamó al Gobierno a aplazar la aplicación de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos ante la crisis económica.
También pidió abrir un proceso de revisión integral que corrija sus efectos distorsionantes sobre el aparato productivo nacional.
Sostuvo que, en un contexto marcado por la incertidumbre producto de los conflictos en Medio Oriente, el impacto económico de la crisis haitiana y los esfuerzos del propio Gobierno por contener la inflación, resulta contradictorio imponer cargas adicionales a las MIPYMES.
Estas representan más del 98% del tejido empresarial del país, precisó.
En ese sentido, el presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, advirtió que la aplicación de esta ley introduce costos acumulativos que se trasladarán al consumidor final, presionando al alza los precios.
MIPYMES NO ELUDEN SU RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Las MIPYMES no rehúyen su responsabilidad ambiental; están dispuestas a ser parte de la solución, sin embargo, no pueden absorber cargas desproporcionadas ni operar bajo esquemas que favorecen la concentración del mercado y la exclusión de los pequeños productores.
Señaló que no importa el volumen de recursos que se recaude bajo este esquema, ya que nunca será suficiente mientras persista un evidente conflicto de interés en su gobernanza.
Apuntó que la presencia de la asociación de gestores dentro del consejo del fideicomiso plantea dudas sobre la transparencia y sostenibilidad del modelo.
PROPUESTAS DE CODOPYME
La Confederación propuso el aplazamiento inmediato de la aplicación de la ley hasta que se realicen las correcciones con la participación de las MIPYMES, así como una reforma de la gobernanza del fideicomiso.
También el diseño de un esquema que reconozca las diferencias de tamaño y capacidad económica, e incentivos a la sostenibilidad, en lugar de cargas que terminan siendo recaudatorias.
agl/of-am