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SANTIAGO DE CHILE.– La reforma constitucional impulsada por el presidente José Antonio Kast para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo ha generado un intenso debate político y jurídico en Chile, debido al alcance de las facultades que contempla para el Ejecutivo.
La iniciativa propone crear un nuevo estado de excepción por razones de seguridad pública, que permitiría al mandatario decretarlo inicialmente por hasta 120 días y extenderlo por otros 120 días. El proyecto contempla restricciones a derechos como la libertad de circulación, reunión y asociación, además de facultades para intervenir comunicaciones y disponer requisiciones de bienes.
La posibilidad de que algunas de estas medidas puedan aplicarse sin una autorización inmediata del Congreso ha despertado críticas de sectores de la oposición, especialistas en derecho constitucional e incluso figuras de la propia derecha oficialista, que consideran que la propuesta podría generar una concentración excesiva de poder en la Presidencia.
El constitucionalista Javier Couso consideró que la reforma no sería necesaria para alcanzar los objetivos de seguridad planteados por el Gobierno, mientras otros expertos han advertido que la iniciativa podría debilitar los contrapesos institucionales y poner en tensión principios fundamentales del sistema democrático.
Uno de los puntos que mayor preocupación genera es la posibilidad de interceptar comunicaciones sin que el proyecto establezca expresamente la necesidad de una orden judicial, según los expertos consultados por EFE. También cuestionan el carácter discrecional de algunas de las nuevas atribuciones presidenciales.
Kast defiende la iniciativa
El presidente Kast ha rechazado que su propuesta implique un avance hacia un régimen “iliberal” y sostiene que el crecimiento del crimen organizado exige herramientas más contundentes.
“Se necesitan herramientas muy distintas, mucho más fuertes para combatir el crimen organizado”, afirmó el mandatario, quien señaló que la iniciativa todavía puede ser modificada durante su discusión en el Congreso.
Kast también ha defendido la existencia de contrapesos institucionales, entre ellos los tribunales, el Congreso, el recurso de amparo y la acusación constitucional.
La reforma forma parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que incluye además otras modificaciones constitucionales y un amplio paquete de iniciativas legales destinadas a reforzar la política de seguridad del Gobierno.
El proyecto comenzará su discusión legislativa en septiembre, en medio de un debate que enfrenta la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente al crimen organizado con la protección de las libertades públicas y los límites al poder presidencial.
of-am
