Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Reclaman política migratoria con enfoque humano en la RD
Eloy Núñez y Edgar Alma son campeones Copa Británica Golf
AtlasIntel sitúa en 55.5 % la aprobación Gobierno Abinader
Colombia decreta 3 días duelo nacional por víctimas terremoto
TC declara inadmisible devolver fondos reclamaban hijos Trujillo
EEUU: Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca
Estudiantes haitianos superan los 205,000 en la R, Dominicana
Abinader incorpora medallistas al Parni y duplica sus fondos
Irán responde a Trump y le dice que Ormuz seguirá bloqueado
La ONU lamenta Rusia inhabilite al partido no apoya la guerra
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, admitió este viernes que existen pocos controles en torno al financiamiento y al uso del dinero que hacen los partidos políticos en República Dominicana.
Dijo que un tema central en una futura legislación electoral debe ser los fondos que reciben las organizaciones políticos y la transparencia con que estos son manejados.
Entiende que hay que priorizar el uso del dinero con un orden de consecuencias que obligue a estos grupos a destinar partidas presupuestarias, a formación política, campañas electorales y a sus gastos administrativos.
En la actualidad los partidos entregan un informe a la JCE sobre los fondos públicos que manejaron para los procesos electorales, y en los años no electorales, pero no hay un régimen de consecuencias ni de obligaciones sobre en qué deben gastar el dinero que se les entrega.
El artículo 55 de la Ley Electoral Dominicana es el que establece la única marca sobre las donaciones y el financiamiento externo que pueden recibir las organizaciones políticas. Este se limita solo a las personas físicas la aportación de recursos para la participación en un proceso electoral.
Ese artículo prohíbe la recepción de fondos por parte de corporaciones, de organismos internacionales y gobiernos extranjeros a partidos políticos dominicanos.
