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SANTO DOMINGO (EFE).- Dos de los siete dominicanos imputados en República Dominicana por los sobornos admitidos por la constructora brasileña Odebrecht pidieron al juez de instrucción del caso que se declare incompetente para continuar su acusación, confirmaron hoy a Efe fuentes próximas al proceso.
El caso está en manos del juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega Polanco, pero dos de los acusados, el abogado Conrado Pittaluga y el exsenador Andrés Bautista, del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), consideran que en ese tribunal solo se debe conocer la acusación contra el senador oficialista Tommy Galán, por tener jurisdicción privilegiada.
En ese sentido, piden que su caso sea declinado a un tribunal ordinario.
La audiencia preliminar contra los siete dominicanos imputados de recibir 92 millones de dólares que la constructora brasileña Odebrecht reveló que pagó como sobornos en el país entre 2001 y 2014 continuará el 29 de noviembre venidero, según lo decidió Ortega Polanco el pasado 1 de noviembre.
En el auto de fijación de audiencia el juez ordenó notificar a los imputados, tal y como lo dictaminó un fallo anterior emitido por la SCJ dominicana, que lo ratificó para continuar en el caso, rechazando una nueva recusación en su contra.
El magistrado fue recusado por cuarta vez el 9 de octubre pasado, en esa oportunidad por el exsenador Jesús Vásquez Martínez, también del PRM.
El abogado de Vásquez Martínez, Jorge Luis Polanco, dijo al explicar el motivo de la recusación que «existen en el expediente suficientes pruebas que demuestran la clara violación a su derecho legítimo a la defensa, al no informarle debidamente de su condición de imputado desde la misma fase preliminar».
Además de los mencionaros, por este caso están también imputados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el empresario Ángel Rondón, a quien se atribuye el reparto de los 92 millones de dólares; y el exsenador Roberto Rodríguez, del PRM.
El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Odebrecht llegó a un acuerdo con la Procuraduría General de la República por el que deberá pagar 184 millones de dólares en varias cuotas, el doble de lo entregado en sobornos.