Bahamas rechaza la advertencia Amnistía sobre ley migratoria

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San Juan, nov (EFE).- El Gobierno de Bahamas rebatió las llamadas de atención de Amnistía Internacional sobre su nueva ley migratoria y acusó a la organización de estar «gravemente equivocada» en su valoración. El lunes, Amnistía Internacional dijo estar «seriamente preocupada» por la implementación de una nueva política de inmigración en Bahamas que «podría suponer violaciones de los derechos humanos». «Amnistía Internacional está gravemente equivocada» y «arriesga su reputación y credibilidad internacional si sigue esa línea de argumento», defendió al respecto el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahamas a través de un comunicado. Añadió que su política de inmigración es «humana en naturaleza y genérica en su ejecución», por lo que «no está dirigida a ninguna nacionalidad en particular», en referencia a la acusación de Amnistía Internacional de que se está atacando particularmente a la comunidad haitiana del archipiélago. El pasado 1 de noviembre entró en vigor una nueva ley de inmigración en Bahamas que establece que no se aceptarán más solicitudes de visados de trabajo por parte de personas que residan ilegalmente en el país y que los inmigrantes que viven en Bahamas tienen que portar siempre el pasaporte de su país natal. La nueva ley establece que a los hijos de inmigrantes, siempre que el estatus de estos sea legal, se les otorgará un permiso que les permitirá vivir en las islas, ir a la escuela y trabajar si tienen edad para ello. En su día, las autoridades de Bahamas desligaron la detención de decenas de personas indocumentadas el mismo día en que entró en vigor la ley. Aunque las autoridades dijeron que habían detenido a 76 personas, Amnistía Internacional asegura que «informes de prensa y testimonios dicen que se detuvo a varios cientos de personas». «Amnistía Internacional está preocupada por el uso por parte de las autoridades de Bahamas de un lenguaje que parece que estigmatiza a los inmigrantes y los bahameses que son percibidos como inmigrantes, y sus hijos, y que podría resultar en discriminación y xenofobia», dijo la organización. Además, recalcó que «la detención de inmigrantes debe ser siempre el último recurso» y que todo estado migratorio irregular debe ser tratado como una «ofensa administrativa», no sujeta a cargos criminales ni castigos. A juicio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bahamas, «no es la política del Gobierno de Bahamas violar los derechos civiles o humanos de cualquier ciudadano o residente y no se ha reportado ningún caso de abuso relacionado a los ejercicios de detención o vigilancia rutinaria». EFE

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