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SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) valoró positivamente los esfuerzos y el debate en el Congreso para aprobar una ley que regule el fideicomiso público, ante el vacío normativo en la legislación dominicana respecto a esta figura.
Alejandro Peña Prieto, presidente de ASIEX, resaltó que “la Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso y sus modificaciones ha sido una herramienta eficaz para el desarrollo del fideicomiso en la República Dominicana. «Por tanto, ASIEX considera apropiado que se regule también el fideicomiso público, por ser una figura jurídica que, bien implementada, puede constituirse en una herramienta importante para el desarrollo por parte del Estado de importantes proyectos de inversión pública e iniciativas que beneficien el interés colectivo”.
Actualmente, el fideicomiso público no se encuentra regulado en la República Dominicana, por tanto, es necesario que esta importante herramienta para la gestión y administración de proyectos de inversión pública, sea prevista y regulada en nuestro ordenamiento jurídico.
En este sentido, ASIEX consideró de vital importancia que el proyecto de fideicomiso público que resulte aprobado se acoja a los principios y marcos rectores establecidos en las leyes que le son aplicables en la materia, tales como la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, entre otras, por tratarse del uso de fondos públicos.
Para la Asociación, el Fideicomiso Público debe ser visto como un vehículo de apoyo para el Estado para el desarrollo y estructuración de proyectos e iniciativas que propicien inversiones públicas bajo un marco de transparencia, institucionalidad, control y gobernanza.
Consideró importante que la normativa que resulte aprobada integre los elementos necesarios para garantizar el cumplimiento de este cometido.
«Contar con una buena regulación del fideicomiso público, no sólo llenaría un vacío legislativo en la materia, sino que dotaría al Estado de un instrumento jurídico de inversión pública que le permitiría continuar posicionando competitivamente al país.
