Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
DGM deportó a 2,343 ilegales detenidos en el fin de semana
Atraca en Gibraltar el mayor submarino nuclear de EEUU
Minería RD genera US$2,500 millones en exportaciones 2025
Peña Guaba: El BIS será clave para regreso de Leonel al poder
Policía mata por «accidente» a un excoronel de la institución
Irán advierte estar preparado reanudar hostilidades con EEUU
COLOMBIA: Petro decreta luto 2 días por asesinato periodista
Venezuela acusa Guyana actuar «de mala fe» por disputa en CIJ
Sargento PN y dos supuestos delincuentes mueren en tiroteo
¿Nueva York sin dominicanos? (OPINION)
SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Procesal Penal (CPP).
Entre las reformas figuran la que convierte en acción pública los golpes y heridas provocados por violencia intrafamiliar.
También la que faculta a los jueces de primera instancia a conocer, de modo unipersonal, de infracciones que conlleven penas privativas de libertad hasta cinco años.
Otros proyectos aprobados
Sancionó el proyecto de Declaración Jurada de Bienes, propuesto por el senador Charles Mariotti.
El mismo establece sanciones con penas de cuatro a 10 años de prisión a los funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito.
Entre las modificaciones a la ley, se establece que el funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada, y prisión de uno a dos años así como multa de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno para los funcionarios que hayan falseados datos en sus declaraciones jurada.
La iniciativa pasa ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y ponderación, o modificaciones a la pieza legislativa.
También sancionó el proyecto de Ley sobre Catastro Nacional, el que amplía el plazo para la importación de vehículos usados de cinco a ocho años y el convenio de sede entre el gobierno de la Republica Dominicana y el Banco Europeo de Inversiones, relativo al establecimiento, privilegios e inmunidades de la delegación del banco.