ANADEGAS denuncia irregularidad en el manejo de caso judicial

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Sede de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo.

SANTO DOMINGO.- La Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina (ANADEGAS) hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia por la preocupación que ha generado el manejo irregular de un caso que se ventila en la Tercera Sala Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, que preside la magistrada jueza Ysabel Guzmán Paredes.
 
“Nos encontramos altamente preocupados por la situación por la que atraviesa el señor Luis Obdulio Beltre Pujols, miembro de nuestra entidad, el cual está siendo víctima de un acto temerario, que carece de todo fundamento legal y que atenta contra su patrimonio, el de su familia y el sustento de más de doscientos empleados y sus dependientes”, manifestó el presidente de la entidad, Arnulfo Rivas.
 
Todo inicia cuando Luis Obdulio Beltre Pujols fue convencido por su abogado, el letrado Johnny De La Rosa Hiciano, quien era beneficiado con una iguala en la empresa de nuestro socio, de suscribir con él, a título personal, un contrato de representación en el cual dicho abogado se presentaría a una puja ulterior para licitar por un inmueble que estaba siendo vendido en pública subasta por ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Santo Domingo; sobre la historia final del inmueble se podría escribir una novela, pues resulta que el mismo no existía, al menos no en la forma que había sido ofertado; De igual modo, el letrado Johnny De La Rosa Hiciano, convence, además al señor Beltré de que era más conveniente presentarse al tribunal para la misma licitación con un poder de la sociedad comercial ESTRACOM, S.R.L., en la cual éste último tiene cuotas sociales, para “resguardar su seguridad jurídica ante la eventual posibilidad de demandas futuras”, resultando de esta forma apoderado dos (2) veces para la misma gestión. Por esa razón la adjudicataria y última licitadora por compra resultó ser Estracom, S.R.L.
 
Para el “negocio”, Johnny De La Rosa Hiciano, se asegura que ambos contratos sean idénticos, los cuales establecen que una vez adquirido el inmueble y sumados el precio del terreno, todos los costos de adquisición del mismo, entiéndase, registro de sentencia y gastos judiciales, se realizaría una tasación de mutuo acuerdo (la cual nunca se realizó), y que del valor neto resultante el beneficio del señor De La Rosa Hiciano sería el 22.5% por sus gestiones profesionales, entiéndase “sus honorarios de abogado y sus beneficios como hombre entendido de los negocios inmobiliarios”.
 
El Dr. De la Rosa Hiciano reclama un beneficio proveniente de esta transacción, la cual fruto de las diferencias entre el inmueble presentado por él para la compra, y el adquirido, resultó en una pérdida para el Sr. Beltré ascendente a RD$ 13,000,000.00 (Trece millones de pesos), causadas por sus acciones y despropósitos, por lo que su reclamo es improcedente.
 
Nos resulta inexplicable y carente de todo juicio legal las siguientes acciones departe de la magistrada juez Isabel Guzmán Paredes:
 
Que la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, presidida por esta magistrada, accediese a una solicitud de homologación de los dos contratos al mismo tiempo, cuando estos evidencian que se trata del mismo apoderamiento, de la misma operación de licitación.
 
Que a consecuencia de ambas homologaciones ocurre que el Tribunal ha creado un crédito contra el señor Luis Obdulio Beltré Pujols a título personal, una acción por demás ilegal, ya que a los mismos efectos el propio tribunal comprueba que LUIS OBDULIO BELTRE PUJOLS nunca fue licitador, adjudicatario ni beneficiario de dichas gestiones profesionales.
 
Que para dicha homologación la jueza no se asegurara de que la tasación debió realizase de mutuo acuerdo entre las partes, como lo estipula el contrato y, lo peor, que dicha tasación nunca fue realizada por el perito que aparece como firmante y que la misma desapareciera de los archivos de ese tribunal, una vez se homologaron los dos contratos.
 
Que la jueza Isabel Guzmán Paredes acogiera la solicitud de homologación de forma administrativa, inobservando lo que en varias ocasiones esa Suprema corte de justicia ha juzgado como improcedente, ya que en estos casos el tribunal no puede proceder de forma administrativa a la ejecución forzosa de dichos contratos.
 
Que la jueza ordenara, basada en esa homologación que realizó, el embargo de bienes inmuebles pertenecientes al Sr. Luis Beltre ascendentes a la suma de RD$ 200,000,000.00 (doscientos millones de pesos), cuando éste último, a título personal no es parte de este proceso ni es deudor del letrado JHONNY DE LA ROSA.
 
Que lo reclamado por el abogado Johnny de la Rosa Hiciano contra su antiguo cliente LUIS OBDULIO BELTRE PUJOLS, por una transacción que ha generado grandes pérdidas, como describimos anteriormente en este documento, asciende a la suma de RD $ 6,550,000.00 (seis millones quinientos cincuenta mil pesos) tanto en su contra como contra la entidad ESTRACOM, S.R.L., por lo que en este momento se encuentra perseguido personalmente mediante el embargo de sus bienes inmuebles por valor de RD$ 200,000,000.00 (doscientos millones de pesos).
 
Que en ese tribunal se fuese a conocer la venta en pública subasta de dichos bienes inmuebles y, que en ese momento la jueza se ausentara del proceso enviando a un juez interino.
 
 
Por las razones anteriormente expuestas y otros detalles existentes en este caso, la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina, ANADEGAS , solicita a esa alta corte hacer una revisión exhaustiva de este, ya que la forma en que se ha llevado este caso afecta la seguridad jurídica de nuestro país y crea un clima de desconfianza ante quienes tenemos inversiones y futuros inversionistas.
 
La asociación se mantendrá en pie de lucha ante la defensa de nuestros asociados y estaremos manifestando en los diferentes escenarios en los que podamos actuar, la forma irregular en que se pretende expropiar el patrimonio de una familia que ha luchado por décadas para poder forjar una base económica basada en el trabajo digno, constante y honesto.
 
of-am
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