Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Gobierno afirma economía RD crece 4.5 % pese crisis mundial
Rep. Dominicana busca mayor valor agregado en la minería
Expertos regionales analizan SD acceso medicinas innovadoras
Gobierno aprueba Presupuesto 2027 por mas de RD$2 billones
La corrupción bajo gobiernos reformistas, perredeístas y peledeístas 
TSE rechaza amparo buscaba suspender consulta del PLD
Prince Royce critica Grammy por ausencia de la bachata
Remesas alcanzan US$8,432.7 MM en República Dominicana
Cáncer infantil: La RD eleva supervivencia a más de 60 %
Tokischa nominada a los Latin Grammy junto al rapero Kase.O
CARACAS.- Las autoridades venezolanas han expandido su arsenal de tácticas represivas al lanzar una “despiadada campaña” de allanamientos ilegales de morada contra los ciudadanos sospechosos de disentir del gobierno, asegura Amnistía Internacional en una investigación publicada el lunes.
De acuerdo al reporte “Noches de terror: ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», fuerzas de seguridad venezolanas y grupos de civiles armados patrocinados por el gobierno han utilizado los allanamientos violentos de morada en los meses recientes como una manera de intimidar a quienes participan en manifestaciones u otras formas de protesta.
“En Venezuela, no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas.
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, agrega Guevara Rosas. “La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar”.
De acuerdo a organizaciones de derechos humanos, de abril a julio de 2017 —cuando las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro estaban en su apogeo— se registraron al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país.
Durante la ola de protestas, más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.
Según el reporte de Amnistía, los ciudadanos denunciaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.
Los allanamientos, según el reporte de Amnistía, suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.
El gobierno de Maduro frecuentemente atribuye las protestas a conspiraciones originadas en el exterior y secundadas por la oposición venezolana.
Of-am