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SANTO DOMINGO.- Alexis Medina, a quien este lunes un juez varió la prisión preventiva por arresto domiciliario en el caso de corrupción denominado Antipulpo que se lleva en su contra, aseguró que «no nos vamos a escapar y asistiremos al tribunal las veces que sea necesario».
El juez Delby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, le impuso al hermano del expresidente Danilo Medina arresto domiciliario, garantía económica, impedimento de salida, un grillete electrónico y una fianza de 60 millones de pesos.
Además de Medina, la medida de coerción le fue variada a otros tres de los imputados de desfalcar al Estado por miles de millones de pesos, debido a que se cumplieron los 18 meses de la prisión preventiva concedida y los tres meses adicionales que fueron solicitados por el Ministerio Público.
Medina calificó el proceso en su contra como un “caso pizza”, del que dijo tomaron proyectos de otras instituciones y se los agregaron a su expediente.
Denunció que ha sido tropellado durante todo el proceso por el Ministerio Público y «por eso han perdido la confianza en la justicia dominicana», y que pusieron a mentir al imputado Julián Suriel en su contra a fin de acusarlo de amenazar a testigos.
Los otros imputados favorecidos con variación de la coerción fueron Fernando Rosa, José Dolores Santana y Wacal Vernavel Méndez.
El juez aplazó para el 10 de octubre el conocimiento del juicio preliminar en contra de todos los implicados en el caso Antipulpo, debido a que el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán, supuestamente está contagiado de covid-19 y no compareció a la audiencia.
La acusación
Según las investigaciones, Alexis Medina montó una red de empresas, a través de testaferros, para obtener contratos públicos con múltiples instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con el jefe de Estado.
Sustracción de 4,796 millones de pesos
La fiscalía acusa a esta red de sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos en contratos obtenidos por medio de tráfico de influencias.
Las empresas de tapadera supuestamente usadas por Medina, según la acusación, fueron creadas en su mayoría después de 2012 para obtener contratos millonarios en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, la Policía Nacional o la Procuraduría General de la República.
Junto a Medina, también figura como imputada su hermana Magalys, exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), una de las instituciones implicadas.
jt/am
