Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Aseguran EU e Irán están cerca de un acuerdo sobre Ormuz
Vaguada y onda generarán lluvias a partir del mediodía
Banreservas felicita atletas RD por actuación en XXV Juegos
Este martes comienza el juicio de fondo por el caso «Camaleón»
CUBA: Ratifican condenas de 13 y 14 años a dos presos políticos
Merenguero Wilfrido Vargas presentó su sencillo «Yo sin ti»
TSE rechaza pedido suspender entrega de fondos a partidos
Aerodom anuncia nuevas rutas desde Aeropuerto Las Américas
Nuevos libros dominicanos
Nueva terminal del Aeropuerto Cibao alcanza 85% de ejecución
SANTO DOMINGO.- El representante de Amnistía Internacional (AI) en el país, Robin Guittard, pidió este miércoles a las autoridades dominicanas atender la situación de miles de apátridas descendientes de haitianos.
Tras visitar el Palacio Presidencial, a donde dijo fue a “reiterar nuestra situación”, Guittard señaló que se necesita de solución urgente, inmediata, participativa, basa en los más latos estándares humanos.
Guittard y representantes de organizaciones de la sociedad civil entregaron al Ejecutivo dominicano más de 50.000 peticiones, recogidas en 134 países, para que tome medidas para enfrentar esta situación.
Rreconoció que el Gobierno ha emprendido acciones para afrontar la situación, pero que miles de personas siguen afectadas.
«No se puede despojar a una persona de su nacionalidad», dijo.
La entrega de las firmas se llevó a cabo en la semana del tercer aniversario de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) dominicano, que despojó a decenas de miles de personas, en su mayoría de descendencia haitiana, de su nacionalidad dominicana, según AI.
En septiembre de 2013, el TC de República Dominicana resolvió que los niños nacidos de padres extranjeros indocumentados en el país desde 1929 no habían tenido nunca derecho a la nacionalidad dominicana.
Esa sentencia los hizo «ciudadanos fantasma» limitando severamente sus oportunidades para ir a la escuela, conseguir empleo e incluso viajar libremente por el país, afirma la organización.
Sin embargo, tras expirar el plan de regularización el 18 de junio de 2015, las autoridades dominicanas dijeron que no expulsarían a ninguna persona que pudiera demostrar que había nacido en el país.
«El nuevo mandato del presidente Medina brinda una oportunidad única para que el Gobierno dominicano deshaga algunos de los muchos males creados con la sentencia de la Corte Constitucional hace tres años», apunta.
wj/am
