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SANTO DOMINGO.-La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) se manifestó profundamente preocupada por la forma «irreflexiva y excluyente» que prevalece en el proceso de discusión y aprobación legislativa del Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas.
Antonio Taveras Guzmán, presidente de la entidad, indicó que «después de ser engavetada deliberadamente por más de una década, la normativa no se debe festinar, sancochándola en dos o tres semanas sin tomar en cuenta la posición de la Junta Central Electoral (JCE) y de todos los partidos políticos opositores».
Dijo que la legislación no debe concretarse sin escuchar a las más importantes organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de la democracia y la institucionalidad, de las iglesias y de los gremios empresariales.
“Desde nuestra asociación advertimos que la aprobación al vapor de la Ley, solo para imponer a todo el sistema político una modalidad de elecciones primarias favorables a uno u otro sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) podría abrir las puertas de una profunda crisis política”, advirtió.
Manifestó que «esa crisis podría eclosionar antes o después de las elecciones generales del 2020, situación que afectaría la economía nacional, el clima de negocios y la calidad de vida de millones de dominicanos y dominicanas».
En ese sentido, llamó a la Cámara de Diputados a que se abstenga de aprobar cualquier contenido no consensuado con los diferentes actores del sistema político y con los sectores sociales organizados y preocupados por la salud de la democracia y el Estado de Derecho.
Propuso a las fuerzas políticas representadas en el Congreso que retomen la discusión sobre los puntos de las Leyes de Partidos y del Régimen Electoral que cuentan con el respaldo de la JCE, de la mayoría de los partidos opositores, la opinión pública, las iglesias, del empresariado y observadores internacionales de la talla de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entre esos puntos citó la regulación más estricta y transparente del financiamiento de los partidos y las campañas electorales; la participación equitativa de los candidatos y partidos en los medios de comunicación; la regulación de los tiempos de las campaña; el aumento de las penas para los delitos electorales y el uso ilegal de los recursos del Estado por parte de sectores oficialistas.
