Advierte EEUU estaría en serios problemas por culpa de jueces

WASHINGTON,  21 Mar. (EUROPA PRESS) – El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha pedido este jueves al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que tome medidas contra  jueces que han suspendido algunas de sus órdenes ejecutivas.

«¡Los mandatos judiciales nacionales ilegales de jueces de izquierda radical podrían conducir a la destrucción de nuestro país!», ha manifestado el presidente estadounidense a través de su perfil en la red social Truth Social, donde ha asegurado que «esta gente son lunáticos a quienes no les importan en absoluto las repercusiones de sus peligrosas e incorrectas decisiones y fallos».

Ha sostenido que «los abogados buscan incansablemente a estos jueces en Estados Unidos y presentan demandas tan pronto como los encuentran».

«Es entonces obligación de las agencias gubernamentales respetuosas de la ley revocar estas ‘órdenes’. ¡El peligro es inmenso! Estos jueces quieren asumir los poderes de la Presidencia sin tener que conseguir 80 millones de votos», ha manifestado.

«Si Roberts y el Supremo no solucionan esta situación tóxica y sin precedentes inmediatamente, nuestro país estará en serios problemas», ha expresado. Así, ha subrayado que «un presidente debe poder actuar con rapidez y decisión en asuntos como» la repatriación de «asesinos, narcotraficantes, violadores y otros criminales a su patria, o a otros lugares que permitan» que Estados Unidos «sea seguro».

EL OBJETIVO: HACER A EEUU «GRANDE OTRA VEZ»

Según ha sostenido, el objetivo de su Administración es «hacer Estados Unidos Grande Otra Vez (‘Make America Great Again’), y una aspiración tan elevada jamás podrá lograrse si se permite que jueces radicales y altamente partidistas obstaculicen la Justicia». «Detengamos los mandamientos judiciales a nivel nacional ahora, antes de que sea demasiado tarde», ha instado.

La Administración Trump ha enfrentado una serie de órdenes judiciales de jueces federales que han pausado varias medidas de su agenda, como una suspensión de la deportación de un grupo de venezolanos, el bloqueo de la prohibición a las personas transgénero de servir en el Ejército, o la reincorporación inmediata de empleados en periodo de prueba que fueron despedidos.