Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Irán ve posile diplomacia con EE.UU. «si abandona presiones»
Trump ahora pide renombrar océanos Atlántico y Pacífico
Colombia extradita a EU uno de RD cabecilla operación Falcón
Unos quieren irse, pero docenas llegan a quedarse en Rep. Dom.
Barco de Dominica se hunde en mar Negro tras ataque drones
Irán tilda Trump esquizofrénico por Ormuz; rechaza sanciones
EU bloquea 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral
DGM intensifica operativos en el Este y detiene 1,598 en un día
Guerra en Irán dispara energía y precios combustibles RD y EU
Equipo de Gonzalo niega éste no quiera ir a consulta del PLD
SANTO DOMINGO. – La empresa Verde Ecoreciclaje Industrial (VERI) acusó de desacato al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena) por no acoger la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del 2018 que ordena prohibir la exportación de baterías ácido-plomo usadas (BAPU).
La denuncia la hizo José Antonio Rodríguez, presidente de VERI, quien dijo que hace cinco años el tribunal ordenó a Medio Ambiente emitir, en un plazo no mayor de tres meses, el reglamento de prohibición de exportación de desechos, como manda la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos naturales, en sus artículos 80, 104 y 105.
Rodríguez explicó, que VERI es una empresa certificada para el manejo responsable de las BAPU dentro de las directrices técnicas del convenio de Basilea, y cuenta con la capacidad y la tecnología verde, como establece el convenio y la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
“Sin embargo, estos desechos son manejados en diferentes puntos del país, sin cumplir los requerimientos del cuidado de medio ambiente y poniendo en riesgo la salud de la población”, aseguró el presidente de VERI.
Rodríguez denunció que los permisos ilegales otorgados sin importar el tratamiento dado a ese desecho peligroso, son nocivos para el medio ambiente y la salud de la población. “Están contra de la Ley 64-00 y el convenio de Basilea”.
jpm-am
