Acusan a 10 personas y cuatro empresas por red de sobornos

La acusación fue depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional junto con la solicitud de apertura a juicio contra los imputados.Entre los acusados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de la empresa Servicio Nacional de Seguridad Integral (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de Edesur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi); Ramón Quezada Ortiz, del Departamento de Seguridad de Edeeste; Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, ambos exencargados de Seguridad de Edenorte.

También fueron acusados Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de Edeeste; Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.

Asimismo, el expediente incluye como personas jurídicas a Senase, El Niño Prodigio EIRL, Magestym Waste & Recycling Company S.A. y Magesty Recycling S.R.L.

SOBORNOS POR MÁS DE 108 MILLONES DE PESOS

Según el Ministerio Público, la estructura distribuyó sobornos por 108,080,359 pesos a responsables de seguridad de distintas entidades estatales para garantizar la adjudicación, continuidad y ejecución de contratos de vigilancia privada.

La investigación, desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) con apoyo de la Dirección General de Persecución, se inició tras una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

De acuerdo con la acusación, la empresa Senase habría realizado pagos ilícitos entre 2012 y 2025, mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo, con el propósito de asegurar la permanencia de sus contratos con instituciones públicas.

El Ministerio Público sostiene que los funcionarios implicados recibían sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar procesos administrativos y evitar una fiscalización efectiva de los servicios prestados, lo que permitió a las empresas beneficiarse de recursos públicos mediante prácticas fraudulentas.

Los acusados enfrentan cargos de soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos en el marco de esta denominada Operación Lobo, desarrollada el año pasado y que dio lugar al arresto de militares y civiles presuntamente vinculados con la red. EFE

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