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La reelección no está prohibida. Lo que la Constitución no permite es que un presidente en ejercicio pueda postularse para un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, la fórmula establecida en la reforma del 2010 es perversa, pues permite la reelección diferida sin límites.
La Carta Magna anterior establecía un máximo de dos mandatos con un vete tranquilo a casa. Era lo que hubiera pasado con el expresidente Leonel Fernández, cuya vida presidencial moría con la entrega del mando en agosto del 2012.
El acuerdo de las “Corbatas azules” que dio paso a la reelección diferida, que le negó a su sucesor la oportunidad que él ya había tenido, prolongó su carrera y trabó la de su sucesor, con un legado de corrupción y déficit fiscal que le hizo difícil transitar en un terreno lleno de dificultades, en lugar de un sendero enteramente propio.
El modelo impuesto por dicha reforma siembra y abona ambiciones sin límites, lo cual puede castrar toda posibilidad de relevo político en perjuicio de la dinámica social.
Se ha dicho siempre que cuatro años no son suficientes para llevar a cabo una buena obra de gobierno. Esa fue la razón para justificar la reforma que impuso el modelo de dos mandatos y nada más, que la tradición en Estados Unidos ha convertido en ideal democrático.
La reforma del 2010 que lo revocó no estuvo inspirada en el deseo de mejorar el sistema presidencialista, sino la de prolongar la vigencia de un liderazgo mesiánico.
La reelección diferida, que es la peor de todas, sepultó un modelo presidencial que impedía la perpetuación en el poder, con todos los males que históricamente conocemos.
En el proceso electoral venidero se pondrá nuevamente a prueba el peligro que esa reforma significa para la democracia dominicana. La extemporánea actividad proselitista albergada bajo esa sombra revela la debilidad del órgano electoral frente al liderazgo político.
JPM
