Sepultando la minería

POR TEODULO ANTONIO MERCEDES 

El pasado sábado 29 de octubre, la provincia de San Juan de la Maguana, con una contundente marcha, negó nuevamente la Licencia Social para la ejecución del proyecto minero que recibe el nombre de Romero, ubicado en la demarcación de la citada provincia a 35 kilómetros de la ciudad, y 165 kilómetros de Santo Domingo.

 Dicho proyecto contempla el minado de 2800 toneladas diarias en una brecha de toba dacitica erosionada por ríos y arroyos que a través de perforaciones se ha demostrado su continuidad bajo una capa de roca estéril.

La mineralización corresponde a depósitos epitermales de sulfuración intermedia, asociado a una alteración de cuarzo pirita. De ese mineral se pretende hacer por flotación un concentrado de Cobre con crédito de Oro Y Plata.

El material estéril que pudiese general acido se regresara bajo tierra a las cámaras que no requieren rellenos estructurales.

Las leyes de los minerales a extraer según el informe presentado serán: Oro 3.72 g/t, Plata 4.33g/t, Cobre en %0.88 y Zinc en %0.26.

La marcha realizada en contra del proyecto mencionado, se caracterizó por una efectiva campaña de desinformación en la que participaron autoridades locales, solicitando decisiones que contradicen nuestro sistema  jurídico y con una ausencia total de información por parte del Ministerio de Energía y Minas, quien ha sido incapaz de tomar una medida pertinente para el buen desenvolvimiento de las actividades mineras nacionales, llevando las actividades mineras al más bajo nivel en nuestra vida republicana.

Dicha actividad la da un jaque mate al futuro de la minería nacional, colocando este renglón en una situación de indefinición de lo que debe ser extraído para continuar teniendo dicha actividad como una más, de la productiva que se desarrollan a nivel nacional.

Para que esto suceda, la clase política, deben de despolitizar las actividades mineras y ponerse de acuerdo para donde debe de desarrollar las actividades, y acordar una eficiente legislación minera que haga posible dentro de los cánones legales un desarrollo minero en base a leyes, sin injerencias partidarias. 

Es tiempo que la ley 146-71 que dirige los destinos de la minería se modernice y ayude de manera eficiente al desarrollo sostenible de nuestra nación.

La sociedad Civil en esta materia ha quedado con ella pendiente. 

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