Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Gobierno anuncia entrega de más de 4,000 viviendas en RD
Miles participan en el desfile dominicano del Bronx, N. York
República Dominicana llega a trece medallas en los JCC 2026
VALVERDE: Apresan haitianos ilegales ocultos en un camión
CUBA: Díaz-Canel acusa a EEUU de aplicar “política genocida”
Trump anuncia un plan para erradicar «ideología marxista»
MADRID: Romeo y Prince Royce celebran una noche de bachata
Mets ponen Juan Soto en lista de lesionados por distensión
EU evalúa operación militar para incautar uranio enriquecido Irán
EEUU mantiene bloqueo naval desplegado en golfo de Omán
La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige.
Entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.
«La jurisdicción competente es República Dominicana donde supuestamente se cometieron los hechos», sostuvo el abogado Simón, quien calificó de «correcta» la decisión adoptada por la Fiscalía española en ese sentido.
DENUNCIANTES: EXEMPLEADA DOMESTICA Y UNA FISIOTERAPEUTA
El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.
El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.
asn/am
