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SANTO DOMINGO.- Un total de 3,901 funcionarios municipales y 105 diputados no han presentado su declaración jurada de bienes, según el informe de Laboratorio Social Padre José Antonio Esquivel del Centro Juan XXIII.
“Resulta contradictoria la violación a la ley de parte de legisladores que rehúyen someter sus respectivas declaraciones jurada de patrimonio, y tanto más cuanto que ellos mismos fueron o son miembros de ese poder colegiado del Estado responsable de escribir la letra y de infundirle espíritu a la Ley 311-14”, observó el estudio.
El antropólogo Fernando Ferrán, director del Programa de Estudios del Desarrollo Dominicano (PED) y quien encabezó la presentación del informe, llamó la atención sobre la violación a la Ley 311-14 en que incurren legisladores y funcionarios municipales, sobre todo en un momento en el que la Procuraduría General de la República se apoya en declaraciones juradas para respaldar la imputaciones sobre corrupción administrativas.
En ese sentido, recordó el escándalo del pago de sobornos de la empresa Odebrecht y la destitución de Diandino Peña de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET).
“La no existencia de una declaración jurada de patrimonio podría significar en ese contexto, no sólo que objetivamente se viola la ley, sino que de manera premeditada cada sospechoso oculta desde ya una eventual prueba del delito que está en vías de cometer”, explicó.
“Se mantiene la impunidad que beneficia a todo incumbente o exfuncionario que por uno u otro motivo incumple la Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y su Reglamento, debido a la ausencia casi absoluta de sanciones disciplinarias y/o penales de parte de sus respectivos superiores jerárquicos, así como de la Procuraduría General y de la Tesorería Nacional”, afirma el boletín del PED.
El organismo denunció también “el incumplimiento reiterado” de la Ley 200-04, en materia de Libre Acceso a la Información Pública, de las entidades llamadas a mantener a disposición de todos los ciudadanos los datos actualizados sobre las declaraciones juradas de patrimonio de los servidores.