VENEZUELA: La crisis política se vislumbra cada día más en el estado

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CARACAS. La primera semana con un Parlamento de mayoría opositora en Venezuela puso de manifiesto dificultades que se vislumbra seguirán horadando la cohabitación política en este país caribeño, gobernado desde 1999 por la Revolución Bolivariana.

 

Esa mayoría comenzará esta semana a debatir una ley de amnistía para sacar de prisión a unos setenta llamados “presos políticos” de la Revolución, y otra para convertir en propietarios a un millón de jefes de familia beneficiados gratuitamente con casa propia y que son supuestamente chantajeados por el presidente, Nicolás Maduro.

 

El jefe de Estado ya ha anunciado que vetará la amnistía y se ha reído de lo segundo, recordando que hasta hace poco se le acusó de “las maquetas” de casas inexistentes en la realidad.

 

También, según anunció el jefe de la bancada antichavista, Julio Borges, principal denunciante de “las maquetas”, se debatirá una ley para que unos tres millones de jubilados reciban beneficios sociales y económicos reservados ahora a los asalariados.

 

El diputado Tomás Guanipa anunció a su vez que también debatirán leyes en busca de combatir la escasez de productos, principalmente alimentos, el alto coste de la vida y la inseguridad ciudadana.

 

Se trata de “leyes sociales para comenzar su discusión” en el Parlamento, una vez explicadas “en la calle”, dijo Guanipa sin aludir a la acogida que tuvieron estas asambleas populares.

 

También se prevé que la mayoría opositora derogue el decreto de Maduro que quitó al Legislativo la facultad de designar directores del Banco Central, que promulgó tras las parlamentarias que el 6 de diciembre eligieron a 112 diputados opositores y 55 oficialistas.

 

Henry Ramos Allup, el nuevo presidente del Parlamento, acérrimo opositor de Maduro y su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, se juramentó él mismo el martes y a todos los demás, pese a que el Judicial había acogido una impugnación y reducido las representaciones a 109 y 54 diputados.

 

El chavismo denunció el desacato ante el Supremo y le reclamó que oficialice que cualquier decisión parlamentaria sea desconocida.

 

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