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SANTO DOMINGO (EFE).- El movimiento anticorrupción dominicano Marcha Verde criticó el «silencio» del presidente Danilo Medina ante la corrupción e impunidad, lo que, a su juicio, «evidencia su complicidad».
Este colectivo social, que surgió en enero de 2017 tras desvelarse los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht y que desde entonces ha realizado seis concentraciones multitudinarias, realizó una rueda de prensa para responder al discurso de rendición de cuentas que pronunció ayer Medina.
De acuerdo con Marcha Verde, el gobernante «continúa evadiendo referirse a los principales casos de corrupción» como es el de Odebrecht, al tiempo que criticó el hecho de que el Jefe de Estado señalara en su discurso de ayer que su gestión ha sido la «más transparente y eficiente del gasto público», a pesar de que varios funcionarios han sido señalados en casos de corrupción.
«El presidente Danilo Medina tenía la obligación de rendir cuentas frente a la Asamblea Nacional y la ciudadanía sobre la posible participación de Odebrecht en el financiamiento de sus campañas», sostuvo, además, Marcha Verde.
El colectivo también cuestionó que aún se mantengan vigentes contratos y las operaciones de Odebrecht en el país, donde la multinacional está al frente del consorcio que construye la termoeléctrica de Punta Catalina en la sureña provincia Peravia.
Por el caso Odebrecht, en el país fueron imputadas 14 personas, entre ellas el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, un reconocido dirigente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Andrés Bautista.
Asimismo, el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
El grupo está acusado de los delitos de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.
El pasado 9 de febrero, el juez Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia extendió por cuatro meses el plazo dado al Ministerio Público para formalizar la imputación de cargos contra los acusados.
El magistrado acogió de esta manera el pedido de la Procuraduría General de la República con el propósito de completar las investigaciones, en las que están implicados legisladores, empresarios y exfuncionarios.