Una transparencia que no deja ver

El Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por Luis Abinader, ha convertido la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción en uno de sus principales estandartes políticos.

Desde su llegada al poder, ha procurado construir una imagen de superioridad moral frente a las administraciones que le precedieron, haciendo de estos valores una pieza fundamental de su discurso político.

Sin embargo, cuando se contrasta el discurso oficial con las interrogantes que persisten sobre el manejo de las finanzas públicas, los recursos del endeudamiento y el acceso a la información, surge una pregunta inevitable: ¿dónde está esa transparencia que tanto proclama el Gobierno?

La transparencia que no se ve, ni deja ver, es aquella que se anuncia desde los escenarios oficiales, pero que no siempre encuentra correspondencia en la información que necesita la ciudadanía para fiscalizar la gestión pública.

Es la que se presenta como una conquista gubernamental, pero que debe demostrar su existencia mediante documentos, resultados, controles efectivos y explicaciones convincentes.

La transparencia no puede ser una estrategia de posicionamiento político; tiene que ser una práctica permanente de Estado.

La transparencia pierde credibilidad cuando las preguntas sobre asuntos de interés público permanecen sin respuestas claras o cuando la información disponible no permite reconstruir adecuadamente las decisiones y operaciones realizadas con recursos del Estado.

¿De qué sirve proclamar transparencia si los ciudadanos encuentran plataformas que no funcionan adecuadamente, documentos que no aparecen o informaciones presupuestarias desactualizadas?

La existencia de una página electrónica no convierte automáticamente a una institución en transparente. La verdadera transparencia exige información completa, oportuna, actualizada, accesible y verificable sobre presupuestos, contratos, licitaciones, nóminas y ejecución del gasto público.

De igual manera, la Ley núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública, reconoce un derecho fundamental de la ciudadanía. Ese derecho no puede reducirse a una formalidad burocrática ni depender de la influencia política o de las relaciones personales de quien solicita los documentos.

El ciudadano tiene derecho a conocer cómo se administra el patrimonio nacional, y las instituciones tienen la obligación de facilitar ese acceso conforme a la ley.

El PRM llegó al poder presentando la transparencia y la lucha contra la corrupción como elementos diferenciadores de su propuesta de gobierno. En consecuencia, tiene una responsabilidad política particular de demostrar que esos compromisos no fueron simplemente recursos utilizados para conquistar la confianza electoral de los dominicanos.

La República Dominicana necesita menos propaganda y más rendición de cuentas; menos discursos sobre honestidad y más información verificable; menos promesas de buena administración y más resultados que puedan ser comprobados por la población.

El país necesita saber cuánto se endeuda, cómo se gasta, quién contrata, quién supervisa, qué se ejecuta y cuáles beneficios recibe la sociedad.

El Gobierno del PRM puede defender su gestión, presentar sus cifras y promover sus realizaciones, pero no puede pretender que su propia propaganda sustituya la obligación de rendir cuentas.

La confianza ciudadana no se impone mediante campañas publicitarias; se construye con actuaciones transparentes, información pública y resultados comprobables.

Al final, la transparencia que no se ve, ni deja ver, es una promesa que todavía tiene que demostrarse. Y un Gobierno que hizo de la transparencia una de sus principales banderas políticas debe entender que su credibilidad no se mide por lo que proclama, sino por las cuentas que es capaz de presentar ante el pueblo dominicano.

sp-am