Un vistazo a la ejecución presupuestaria del Estado dominicano

La ejecución presupuestaria constituye uno de los principales indicadores para evaluar la capacidad del Estado de administrar sus recursos, atender las necesidades sociales y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de las finanzas públicas. En el caso dominicano, los resultados del primer semestre de 2026 muestran algunos avances, particularmente en materia de crecimiento económico e inversión pública, pero también revelan desafíos estructurales que todavía deben ser atendidos.

El presupuesto del Gobierno dominicano continúa operando con un déficit fiscal recurrente. Los ingresos corrientes se sitúan alrededor de entre 15.3 % y 16 % del PIB, mientras el gasto corriente ronda el 18.3 %, generándose una brecha que obliga al Estado a recurrir al endeudamiento para financiar parte de sus compromisos y, especialmente, sus inversiones.

República Dominicana alcanzó en 2025 un PIB nominal estimado en US$127,861 millones de dolares, mientras la economía registró un crecimiento de alrededor de 2.1 %. Ese año también se produjo un desempeño significativo de la inversión extranjera directa, que alcanzó aproximadamente US$5,000 millones de dolares.

Durante el primer semestre de 2026, el crecimiento económico se aceleró hasta 4.5 %, reflejando una recuperación de la actividad productiva que también ha contribuido a la estabilidad del mercado cambiario y a un mayor dinamismo de la inversión. Sin embargo, el crecimiento económico por sí solo no resuelve los desequilibrios fiscales.

La estructura presupuestaria continúa mostrando un elevado predominio del gasto corriente frente al gasto de capital. Aproximadamente el 88 % de las erogaciones corresponde a gastos corrientes, mientras cerca del 12 % se destina a inversión y gastos de capital. Esta composición limita el margen del Estado para ampliar la infraestructura pública sin recurrir al financiamiento externo o interno.

De acuerdo con los datos de ejecución presupuestaria, durante el primer semestre de 2026 el Gobierno ejecutó RD$764,310.4 millones, equivalentes aproximadamente al 47 % del presupuesto vigente, establecido en RD$1,627,412 millones.

Los ingresos alcanzaron RD$668,366.6 millones, equivalentes al 49.8 % de lo presupuestado para el año. La diferencia entre ingresos y gastos produjo un déficit fiscal de aproximadamente RD$95,943.8 millones durante los primeros seis meses del año.

La composición del gasto también muestra cambios importantes. Mientras en el primer semestre de 2025 los gastos registrados alcanzaron RD$643,781.8 millones, durante igual período de 2026 se situaron en RD$764,310.4 millones. Este incremento refleja tanto una mayor ejecución presupuestaria como las presiones derivadas de las necesidades operativas y sociales del Estado.

Uno de los aspectos más positivos de la ejecución presupuestaria de 2026 es el comportamiento de la inversión pública. Durante el primer semestre, la inversión pública consolidada alcanzó RD$60,644.1 millones, frente a RD$31,171.1 millones de pesos ejecutados en igual período de 2025. Esto representa un incremento considerable y evidencia una mayor orientación de recursos hacia proyectos de infraestructura y formación de capital público.

Entre las principales obras figura la extensión de la Línea 2C del Metro de Santo Domingo hacia Los Alcarrizos, uno de los proyectos de infraestructura que concentra una parte importante de los recursos destinados a inversión.

No obstante, el incremento de la inversión pública debe ser acompañado por una evaluación rigurosa de su rentabilidad social y económica.

 No se trata únicamente de gastar más en infraestructura, sino de garantizar que cada peso invertido genere productividad, movilidad, empleo, competitividad y mejores condiciones de vida para la población.

Otro elemento que merece atención es la distribución institucional y territorial de la inversión pública.

Una proporción significativa de los recursos se concentra en un reducido número de instituciones, mientras el Gran Santo Domingo absorbe una parte importante de la inversión territorial. Durante el primer semestre, esta zona concentró aproximadamente el 46.9 % de la inversión territorial.

La provincia de Santo Domingo recibió RD$2,776.7 millones y el Distrito Nacional RD$2,048.8 millones, seguidos por provincias como Santiago y Duarte. En contraste, algunas provincias fronterizas, como Independencia, registraron partidas considerablemente menores.

El principal desafío continúa siendo lograr un equilibrio entre crecimiento económico, gasto público, inversión y sostenibilidad fiscal.

Una economía que crece al 4.5 % debe aprovechar ese dinamismo para mejorar la calidad del gasto y ampliar la capacidad recaudatoria sin comprometer la competitividad. Al mismo tiempo, resulta necesario revisar el crecimiento del gasto corriente y establecer mayores prioridades en la asignación de los recursos.

El endeudamiento público puede ser una herramienta legítima para financiar infraestructura productiva cuando existe una adecuada capacidad de pago y cuando los proyectos generan beneficios económicos y sociales superiores a su costo financiero. El problema surge cuando el endeudamiento termina financiando principalmente gastos recurrentes.

En este sentido, las alianzas público-privadas pueden desempeñar un papel importante, siempre que estén estructuradas con transparencia, adecuada distribución de riesgos y mecanismos que garanticen beneficios concretos para el Estado y la sociedad.

La elevada participación del gasto corriente, la persistencia del déficit fiscal, la dependencia del endeudamiento para financiar parte de la inversión y las desigualdades en la distribución territorial de los recursos siguen siendo asuntos que requieren atención.

El reto no consiste solamente en ejecutar el presupuesto, sino en ejecutarlo mejor. El Estado dominicano necesita avanzar hacia una estructura presupuestaria en la que el gasto corriente tenga un crecimiento sostenible y una proporción cada vez mayor de los recursos pueda orientarse hacia inversión productiva, infraestructura, educación, salud, seguridad y generación de oportunidades.

En definitiva, el primer semestre de 2026 deja una señal positiva en materia de crecimiento e inversión pública, pero también recuerda que el verdadero éxito de una política presupuestaria no se mide únicamente por cuánto dinero se ejecuta, sino por qué resultados produce cada peso del presupuesto y qué impacto tiene sobre el desarrollo nacional.

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