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SANTO DOMINGO.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) pidió al Congreso la aprobación del proyecto de ley que divide las juntas electorales de 34 municipios en dos salas, una administrativa y otra contenciosa electoral “para que se produzca una efectiva separación de funciones”.
Durante audiencia solemne en augusta Sala de la Suprema Corte de Justicia, por el séptimo aniversario del tribunal, Román Andrés Jáquez Liranzo, presidente del TSE, dijo que el artículo 213 de la Constitución establece que las juntas electorales son las únicas que pueden conocer los asuntos contenciosos electorales, en función administrativa y contenciosa, ocurridos en los municipios, descartando los juzgados ordinarios de primera instancia y los juzgados de paz.
“Se trata de evitar que quien administra el proceso electoral no sea el mismo que juzgue los reclamos que resulten del mismo, con respeto al principio de que no se puede ser juez y parte en un mismo proceso”, manifestó.
Dijo que la división que propone abarca solo a las juntas electorales del Distrito Nacional, los municipios cabeceras de cada provincia y los municipios de Santo Domingo Este, Norte y Oeste de la provincia Santo Domingo, los cuales tendrían categoría de tribunales electorales de primer grado.
Estos tribunales –agregó- conocerían como lo establece el artículo 15 de la ley orgánica del TSE, los casos contenciosos electorales que ocurran en los demás municipios que integran la provincia donde funcionará físicamente cada sala. Los casos de las 125 juntas electorales se conocerán en la sala contenciosa de los municipios cabecera.
Las salas contenciosas –dijo Jáquez Liranzo- estarían integrada por un juez y dos suplentes designados mediante concurso por el TSE, con la posibilidad de que ciudadanos, la sociedad civil y los partidos políticos puedan hacer objeciones de los postulantes en un plazo razonable. Esos magistrados serian nombrados por cuatro años y solo cobrarían salario durante 15 meses, el resto del período trabajarían de forma honorifica. El costo sería de $75 millones el año preelectoral y $75 millones el año electoral, inversión que hace económicamente factible la propuesta.
