Transparencia judicial

Si la política de Protección de Datos que pretende imponer la Suprema Corte de Justicia para garantizar la omisión o desconocimiento público de los nombres de los funcionarios o ciudadanos involucrados en los grandes actos de corrupción en nuestro país como la Sun Land, los Super Tucano y la Odebrecht, para solo citar tres casos, hubiese existido cuando se iniciaron esos procesos legales, los acusados habrían salido ilesos.

Limpios y puros como el más inocente de los mortales sin que la sociedad se enterara siquiera de los nombres de los involucrados en esos sonados casos de corrupción.

En ocasiones, independientemente de los resultados de estos juicios, la condena moral pública, es el único castigo que reciben muchos grandes infractores de las leyes que, en base a la complicidad de los jueces y otras artimañas, salen descargados en los juicios.

Eso es parte de lo que se pretende con una disposición que emana de una Suprema Corte de Justicia dirigida por una persona que se desmontó de una yipeta participante en las caravanas políticas de la campaña del candidato presidencial del PLD, para ingresar sin ningún rubor, a la alta posición que hoy ocupa junto a un sistema judicial integrado por jueces y fiscales nombrados por los gobernantes del referido partido.

Esa cortina protectora podría cubrir también a quienes desde este gobierno y los sucesivos, cometan actos de corrupción y consciente de esa realidad, la sociedad civil y algunos juristas de renombre se han manifestado en contra de una medida que viene a tender una alfombra de terciopelo y silencio a la corrupción que tanto daño ha propiciado y sigue ocasionando a una sociedad digna de mejor suerte.

Por ello, debemos apoyar, sin reservas, la firme posición de la Sociedad Dominicana de Diarios en contra de la referida medida.

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