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La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito autorizó al estado de Texas para restaurar la ley estatal HB 11, la cual penaliza el hecho de albergar u ocultar a inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense.
La ley fue aprobada en 2015 con el propósito de reforzar la seguridad fronteriza y adhería penalidades, para aquellos que traficaran o transportaran a inmigrantes para internarlos a territorio de Estados Unidos de forma ilícita o con fines de lucro.
La Corte de Apelaciones rechazó una demanda contra esta ley presentada por dos individuos que rentan cuartos y no exigen a sus inquilinos demostrar su estatus migratorio, y por la organización ¨Raíces¨ que ofrece servicios legales y de albergue a inmigrantes indocumentados.
Los jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans (Luisiana), desestimaron este jueves la demanda, apuntando que los denunciantes «no pueden demostrar una amenaza creíble de procesamiento».
«Debido a que no hay una interpretación razonable por la cual el simple hecho de alquilar una vivienda o proporcionar servicios sociales a un extranjero ilegal constituya proteger a esa persona de la detección, revocamos la orden judicial», escribió el juez Jerry Smith.
Uno de los primeros en reaccionar a la decisión de la corte federal fue el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, quién celebró.
Hace diez meses, el juez federal de distrito David Ezra había bloqueado esta ley y rechazado los argumentos de los funcionarios texanos, quienes sostuvieron en ese entonces que la normativa creaba una nueva ‘ofensa criminal’ aplicable solo a los traficantes de personas y contrabandistas.
El bloqueo de este juez surgió a raíz de una demanda del Fondo México-Estadounidense para la Defensa Legal (MALDEF), que aseguró el año pasado que esta cláusula viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, debido a que la ley de inmigración es sólo una responsabilidad federal.
MALDEF, que interpuso la demanda contra Texas en enero del año pasado, bajo el argumento de que el estado ya tenía leyes suficientes para proteger a la sociedad del tráfico de personas, valoró positivamente que la Corte de Apelaciones especifique qué se entiende por albergar de manera ilegal.
«El Quinto Circuito nos proporcionó hoy una definición exacta de lo que significa albergar, lo que evitará que los agentes de la ley de Texas arresten a los trabajadores humanitarios y a los terratenientes que simplemente proporcionan refugio o conducen negocios con inmigrantes indocumentados, como nuestros clientes», explicó Nina Perales, directora de litigios del MALDEF.
Uno de los primeros en reaccionar a la decisión de la corte federal fue el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, quién celebró a través de un comunicado el fallo, ya que señaló que permitirá al estado «combatir el contrabando ilegal de personas manejado por bandas trasnacionales y perpetradores del crimen organizado, no sólo en la frontera, sino en todo Texas».
of-am