Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Proveedores del Estado reciben RD$115 mil millones en 6 meses
Ocupan 46.9 millones fármacos e insumos médicos ilegales SDE
Gobierno RD responde a Danilo; afirma no abandona arroceros
Abinader registra imagen positiva en ranking regional
DGM intervendrá lugares de RD que contraten indocumentados
Gobierno hará inversión digital para fortalecer seguridad estatal
Más 594 mil adultos mayores trabajan en Rep. Dominicana
Putin ofrecería pausar ataques a Ucrania día de elecciones
Roma: Abinader y Delcy tratan cooperación energía y consular 
Zelenski acusa a Rusia de violar el nuevo alto el fuego energético
SANTO DOMINGO.- Los técnicos contratados por la JCE para trabajar en las elecciones y que a último momento “renunciaron”, incurrieron en violaciones penales tipificadas como delitos electorales, opinó el jurista Cesar Amadeo Peralta.
Dijo que el artículo 174 de la Ley Electoral 275-97 establece que “los que dejaren de cumplir con alguno de los derechos o de ejercer algunas de las funciones que esta ley le señale, serán castigados con prisión correccional de 3 meses a 1 año de cárcel y multas de RD$2,000 a RD$5,000 pesos.
Indica que la misma pena la sufrirán los que abandonaren sin permiso o autorización de la JCE el cargo, la comisión o la función que de acuerdo con esta ley se les hubiere encomendado.
Destaca que esas mismas penas le serían impuestas de acuerdo al párrafo 3 del artículo 174 de la citada ley “a los que no cumplieren las obligaciones o deberes que esta ley les señale, dentro del término en que ella se establece.
Si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de un escrutinio, incurrirán con dicha sanción.
Amadeo Peralta dijo que la JCE está en el derecho de pedir restituciones en daños y perjuicios en su favor, en contra de estos técnicos, en caso de resultar condenados, según lo prevé el artículo 10 del Código Penal Dominicano.