Procuradora ve «necesidad» de fomentar los acuerdos penales

«La realidad es que el tema de los acuerdos y las soluciones alternas en el caso nuestro no es un tema nuevo; es un tema que trabajamos desde la Fiscalía del Distrito, prácticamente, esa es una política que asumimos a partir del año 2013 y que llegó en un momento, en la Fiscalía del Distrito a acordarse hasta un 40 % de ls casos», dijo la funcionaria.

La procuradora se refirió al tema al participar, junto al director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ODP), Rodolfo Valentín Santos, en un encuentro con periodistas y comunicadores, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, destacó una nota de su oficina.

RESALTA IMPORTANCIA DE ACUERDOS EN MATERIA PENAL

Reynoso recordó que los casos acordados en la Fiscalía del Distrito durante su gestión quizás trascendían poco porque carecían de sonoridad, pero que como fiscal litigante siempre ha entendido la necesidad de hacer acuerdos en materia penal, por escuela de pensamiento y por su visión de persecución penal estratégica.

«Cuando los plazos se extienden, que hay un imputado esperando una decisión, a veces privado de libertad, y eso es una realidad; también hay una víctima que espera esa decisión», dijo.

Indicó que no se atreve a decir que con la prolongación de un proceso penal nadie gana, “porque a veces sí hay alguien que tiene como estrategia que el caso no se conozca en un plazo razonable”.

ACUERDOS EN PROCESOS PENALES SE REMONTAN AL 2004

Reynoso lamentó que algunos sectores analicen el tema de los acuerdos dentro del proceso penal como si se tratara de una realidad nueva, cuando, en realidad, en el país se remonta al año 2004, cuando entró en vigencia el Código Procesal Penal (Ley 76-02, del 19 de julio de 2002), promulgada hace ya más de 23 años.

“Entonces, no es nuevo. Hay figuras procesales que el legislador ha puesto en la norma”, resaltó.

Hizo una reflexión respecto a otros países, como Estados Unidos, en donde hay muchos acuerdos que son sellados hasta por una década y más, “que por razones de seguridad el tribunal dispone: este acuerdo va a ser sellado por los próximos dos, tres, cuatro, cinco, diez años y sanciona a cualquiera de las partes que haga pública las condiciones del acuerdo, porque entiende el tribunal que pudiera haber ciertos riesgo si se publica, y la sociedad no lo cuestiona, en caso de RD, todos son públicos”.